Editorial de EL MUNDO
La confesión del que fuera embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, en la que admite que cobró de la petrolera estatal chavista PDVSA asesorías ficticias millonarias, tiene enormes repercusiones. Es la constatación de una trama corrupta gravísima que mancha la imagen de España en el exterior: pocas cosas hay más deleznables que ver cómo un embajador tira por la borda la reputación nacional enriqueciéndose a su costa y negociando con una dictadura. Desde que la Fiscalía interpuso una querella en 2019 en la que acusaba a Morodo y a su hijo Alejo de un delito de blanqueo de capitales, se hacían imprescindibles explicaciones por parte de Zapatero, pero el ex presidente nunca las ha dado. Al contrario, rehuyó el escándalo y todavía hoy sigue manteniendo una relación privilegiada y opaca con la autocracia chavista, blanqueando el régimen del terror de Nicolás Maduro y aglutinando la imagen exterior de nuestro país en Venezuela, con la connivencia del Gobierno de Pedro Sánchez.
EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva al acuerdo de conformidad de la familia Morodo, en el que admite haber utilizado un entramado empresarial para defraudar a Hacienda con los cobros que percibían de PDVSA. «Emitían y cobraban facturas por los servicios de consultoría y asesoría en relaciones internacionales», se detalla sobre los Morodo, para reconocer que «no se ha acreditado la realidad de estos servicios». La familia confiesa que recibió 4,5 millones, cuando la línea de investigación inicial apuntaba a una apropiación de 35 millones. Por
El expresidente rehuyó el escándalo y hoy sigue manteniendo una relación privilegiada y oscura con el chavismo
las cantidades, no parece creíble que el enriquecimiento personal fuera el único objetivo. La Policía judicial concluyó en su día que la familia se había dedicado a ejercer de conseguidora con altos mandatarios de Hugo Chávez y Maduro. «Sólo cabe una explicación posible: que contrataran al ex embajador para que hiciera de lobbista en Venezuela con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y con la Internacional Socialista». La grave acusación la formuló en este diario hace años Nervis Villalobos, quien fuera número dos del Ministerio de Energía de Chávez.
Raúl Morodo fue un nombramiento político de Zapatero –no pertenecía a la carrera diplomática– para estrechar lazos con el régimen tras el apoyo del Gobierno de José María Aznar al golpe de Estado de 2002. No le fue mal. Más allá de la corrupción, en unos meses arrancó un contrato de 1.300 millones de euros para Navantia. Tenía línea directa con Chávez y mantenía una relación cercana con cargos como Delcy Rodríguez. Su función, según las versiones existentes, habría facilitado la interlocución de empresas con intereses en Venezuela a cambio promover los del chavismo. No es descabellado concluir que con el embajador Morodo empezó una relación de blanqueamiento de la dictadura en el nombre de España. Zapatero continúa ejerciéndola.