Familiares de detenidos en la crisis poselectoral de Venezuela denunciaron este martes violaciones de derechos humanos, que incluyen fuertes restricciones en las visitas y escaso acceso a alimentos, tras las protestas por la cuestionada reelección en julio de Nicolás Maduro.
Parientes protestaron en el estado Lara (oeste) para reclamar un régimen de visitas, la designación de abogados privados en vez de defensores públicos y garantías de alimentación de sus parientes detenidos en la cárcel de máxima seguridad Tocuyito (Carabobo, oeste), ubicada a unos 177 kilómetros de sus lugares de residencia.
“Nos permitieron una única visita de 40 minutos” con “oficiales encapuchados (tapados), no tenían un nombre, ni una identificación”, dijo a la prensa Reina Pineda, esposa de uno de los detenidos acusados de terrorismo.
Estaban “esperando a ver qué hablábamos, qué decíamos, no nos dieron privacidad ni nada”, añadió Pineda que dijo haber visto a su esposo “muy delgado”.
“¡Basta de violación de DD.HH!”, “Libertad”, se leía en pancartas.
El viernes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que los detenidos reciben una alimentación deficiente.
“Pedimos justicia, pedimos libertad y por lo menos que ya que ellos están allí, pedimos sus alimentos, eso es lo que más pedimos, que ellos puedan comer en ese lugar”, dijo María Guárico, madre de otro de los presos.
Guárico logró ver a su hijo después de dos meses, antes no se lo habían permitido. “Salimos muy tristes por la condición que vimos, estaba muy delgado”.
Las manifestaciones poselectorales dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, unos 192 heridos y más de 2.400 arrestados, incluidos 164 adolescentes de los cuales 67 permanecen detenidos.
En las semanas recientes, familiares de los menores de edad han denunciado malos tratos y han reclamado por su liberación.
El chavismo habilitó dos cárceles de máxima seguridad -que estuvieron por años bajo el control de bandas criminales- para recluir a los detenidos adultos.
Con información de AFP