Un juzgado sentenció que el gobierno de la isla debe tomar en cuenta que los uniformados venezolanos pueden ser usados para reprimir al pueblo o participar en un conflicto contra Guyana, luego del conflicto abierto por las elecciones presidenciales.
Un tribunal de primera instancia de Aruba sentenció que el gobierno de la isla deberá reconsiderar la decisión de expulsar a un militar venezolano, en virtud de la agudización de la crisis política tras la elección presidencial del 28 de julio.
El juzgado a cargo del magistrado Bert Jan van Ettekoven falló que el Ministerio de Trabajo, Energía e Integración no podrá expulsar de la isla al primer teniente de la Aviación Daniel Francisco Ibarra Moreno, debido al riesgo de que sea sometido a un juicio por deserción, o utilizado para reprimir a la población, o para participar en un conflicto bélico contra Guyana.
La sentencia, emitida el 4 de septiembre, tomó en consideración que el nombre del oficial aparece en un listado difundido por la Aviación Militar en junio, donde se notifica que en su contra hay un proceso penal por “permanencia no autorizada y sin justificación fuera de la unidad, establecimiento o instalación militar”. En este documento, firmado por el comandante general de la fuerza, mayor general Santiago Infante, lo instan a comparecer ante la Dirección de Investigaciones Especiales, ubicada en la base aérea de La Carlota, asistido por un abogado.
Ibarra huyó del país en julio de 2018, según indican los registros del expediente. Posteriormente, solicitó asilo para “poder vivir y trabajar” en la isla, e igualmente para evitar que lo devuelvan al país suramericano, donde sería procesado como desertor. Mientras se desarrollaba el proceso administrativo para regularizar su estatus migratorio, su esposa y su hija también viajaron a Oranjestad.
En febrero de este año, el despacho que trata los asuntos migratorios, a cargo de Glenbert Croes, concluyó que el primer teniente no había comprobado mediante documentos la existencia de un riesgo inminente en su contra, si era devuelto a Venezuela. Esto abrió la posibilidad de una deportación. Ibarra Moreno impugnó esta decisión ante los tribunales de la isla, con la asesoría del abogado Malcolm Hassell.
“El recurrente (Ibarra) invocó la situación actual en Venezuela, que se deteriora rápidamente, por lo que debe temer que si regresa será desplegado en un conflicto armado con un país vecino o en una acción militar contra su propia población. Se refirió al conflicto en torno al Esequibo en la frontera con Guyana, donde se habla de acumulación de tropas militares.
También señaló la situación que se ha generado tras las elecciones de julio de 2024 y el hecho de que se está utilizando al ejército para reprimir manifestaciones de ciudadanos que no quieren aceptar los resultados electorales. El recurrente no quiere cooperar”, indican los registros del caso.
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