Una publicación en redes sociales bastó al gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para deshacerse del tratado internacional que ha dado vida legal a la extradición de nacionales hondureños a Estados Unidos y que ha sido, durante una década, la principal herramienta jurídica para desmantelar a las grandes organizaciones de narcotráfico en el país centroamericano y para juzgar, en cortes estadounidenses, a los políticos que facilitaron el paso de cocaína por la ruta centroamericana, incluido Juan Orlando Hernández, el antecesor de Castro.
Por Héctor Silva Ávalos | Infobae
El pasado jueves, cumpliendo una instrucción que la presidenta hizo pública a través de su cuenta en la red social X, el canciller hondureño Enrique Reina informó que había denunciado el tratado de extradición firmado por Estados Unidos y Honduras en 1912. En la práctica, según académicos consultados, eso significa que la legislación pierde vigencia.
La cancillería, a través de un escrito oficial, informó que había comunicado a la embajada estadounidense en Tegucigalpa la decisión de “dar por terminado” el tratado. La explicación del gobierno hondureño sobre la decisión es que se trata de una respuesta a los intentos de “injerencia” de la embajadora estadounidense en Honduras.
Castro también ha dicho que eliminar la extradición prevendrá “intentos golpistas”. Lo cierto es que la decisión de la mandataria llega en momentos en que su esposo, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, ve resurgir viejas acusaciones por complicidad con el narco y en medio de la posibilidad de que Estados Unidos lo requiera para que dé explicaciones.
Fue con este tratado que la presidenta Castro dio por terminado que los gobiernos de Honduras y Estados Unidos pudieron llevar ante la justicia a los líderes políticos de las organizaciones criminales que convirtieron al país centroamericano en un narcoestado entre 2010 y principios de esta década. Infiltrada en sus niveles más altos por ese crimen organizado, la justicia hondureña había sido incapaz de capturar y enjuiciar a los capos.
Cuando, en 2014, empezaron a caer los líderes de los clanes narcos hondureños más importantes, como el de Los Valle Valle o Los Cachiros, sus capturas ocurrieron a pesar del Estado. Los casos de los capos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle son ejemplos: ambos fueron capturados en un operativo coordinado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el jefe de la Policía Nacional de Honduras, el general Ramón Sabillón, a espaldas del entonces presidente, Juan Orlando Hernández, según consta en documentos judiciales estadounidenses.
Y no fue hasta que Hernández salió del poder, en 2022, que el gobierno de Castro lo extraditó a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado entre febrero y marzo de este año. En aquel juicio, realizado en Nueva York, quedó establecido que el expresidente había utilizado todo el poder político del Estado para favorecer a los narcos e, incluso, para hacerse él mismo con parte del negocio. La caída final de JOH, como se conoce al exmandatario por sus iniciales, no hubiese sido posible sin el tratado de extradición.
Tampoco hubiesen sido posibles las capturas, extradiciones y enjuiciamientos de otros políticos y funcionarios hoy declarados culpables de narcotráfico, como el exdiputado Juan Antonio Hernández, hermano de JOH, el jefe policial Juan Carlos Bonilla Valladares o Fabio Lobo, hijo de Porfirio Lobo, otro expresidente. Todos ellos están presos en Estados Unidos. En Honduras nadie los persiguió durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que controlaba también el Ministerio Público, encargado de la persecución penal.
El juicio a Hernández en Estados Unidos arrojó luz sobre otro hecho político que ahora parece trascendental en Honduras: la colusión con el narco nunca fue exclusiva del Partido Nacional, el hogar político de JOH y del expresidente Lobo; con los narcos también se encamaron líderes del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación, conocido como LIBRE, al que pertenecen la presidenta Castro y su esposo Manuel Zelaya, hombre fuerte en el gobierno actual.
El apoyo del gobierno de Xiomara Castro a la extradición, expreso e inmediato durante los procesos de extradición de Juan Orlando Hernández, se fue apagando cuando los mencionados empezaron a ser personas más cercanas al actual gobierno.
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