En los últimos tiempos, hemos sido testigos de cómo el régimen de Nicolás Maduro y sus acólitos, desesperados por mantenerse en el poder, han desplegado una serie de medidas draconianas y salvajes para bloquear el acceso de la líder opositora María Corina Machado al pueblo venezolano. Estos actos de barbarie, orquestados por individuos como Freddy Alirio Bernal Rosales, reflejan no solo el miedo del chavismo a perder el control, sino también la brutalidad con la que están dispuestos a actuar para mantener su dominio sobre una nación que clama por libertad y democracia.
Freddy Alirio Bernal Rosales, como es común entre los dirigentes chavistas que necesitan un prontuario para alcanzar y mantener posiciones de poder, ha desempeñado un rol crucial en su papel represivo y autoritario en el estado Táchira. Se ha destacado como uno de los más despiadados ejecutores de la estrategia chavista. Desde su nombramiento, en el que usurpó las funciones de la legítima gobernadora de oposición, Laidy Gómez, Bernal ha convertido a Táchira en un bastión de represión y terror. Su control sobre las fuerzas de seguridad, incluidas las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y su colaboración con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han generado un ambiente de miedo e intimidación destinado a silenciar cualquier voz disidente.
La reciente visita de María Corina Machado a Táchira puso de manifiesto el verdadero rostro del régimen chavista. En un intento desesperado por impedir que la líder opositora tenga contacto con el pueblo, Bernal y sus secuaces no dudaron en destruir vías de comunicación, bloquear carreteras con maquinaria pesada y cerrar establecimientos comerciales relacionados con dirigentes opositores. Estas acciones no solo afectan la libre circulación de las personas, sino que también atentan directamente contra el bienestar y la salud de los ciudadanos, como lo demuestran las quejas de pacientes renales que vieron interrumpido su acceso a tratamientos médicos esenciales.
Pero la represión no se detuvo ahí. Las amenazas directas del ELN a dirigentes opositores, con panfletos que señalan a personas específicas como objetivos militares, demuestran la complicidad del régimen con grupos armados ilegales para mantener el control mediante el miedo y la violencia. Las viviendas de varios dirigentes opositores fueron marcadas de manera intimidatoria, emulando tácticas de regímenes totalitarios del pasado, con el claro objetivo de sembrar terror y desmovilizar a la oposición.
Freddy Alirio Bernal Rosales ha dejado claro que su compromiso no es con el pueblo venezolano, sino con la perpetuación de un régimen corrupto y autoritario. Su participación activa en la represión de opositores, la manipulación de recursos del estado para fines políticos y su alianza con grupos armados ilegales lo convierten en uno de los principales responsables del secuestro de la democracia en Venezuela.
La brutalidad y la falta de escrúpulos de individuos como Bernal no deben ser toleradas. El cierre de restaurantes y otros establecimientos comerciales como represalia política es una muestra de cómo el régimen utiliza todas las herramientas a su disposición para castigar a quienes se atreven a desafiar su autoridad. Este uso abusivo del poder no solo socava la economía local, sino que también afecta la vida cotidiana de miles de venezolanos que ya sufren las consecuencias de una crisis humanitaria sin precedentes.
A pesar de estos esfuerzos desesperados por parte del régimen, el pueblo venezolano ha demostrado una y otra vez su determinación de luchar por un cambio. Las imágenes de multitudes abarrotadas en las calles, apoyando a María Corina Machado, son un testimonio del deseo inquebrantable de libertad y justicia. Ni el bloqueo de vías, ni la represión violenta, ni las amenazas de grupos armados han podido apagar el espíritu de resistencia que late en el corazón de Venezuela.
Freddy Alirio Bernal Rosales y todos los que, como él, aún mantienen secuestrado al país deben ser condenados enérgicamente. Su papel en la comisión de delitos de lesa humanidad es una traición a los principios democráticos y a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libre circulación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión y asociación, el derecho a la propiedad y el derecho a un juicio justo. Es imperativo que el Fiscal de la Corte Penal Internacional actúe con prontitud, incluyendo a este individuo en sus investigaciones y dictando órdenes de detención contra la cadena de mando del chavismo responsable de estos crímenes. La comunidad internacional y los defensores de la libertad en todo el mundo deben alzar su voz contra estos actos de barbarie y apoyar al pueblo venezolano en su lucha por recuperar su país.
En conclusión, la intervención rápida y decidida del Fiscal de la Corte Penal Internacional es crucial para evitar un baño de sangre en Venezuela. La emisión de órdenes de detención contra la cadena de mando del chavismo responsable de crímenes de lesa humanidad puede frenar la barbarie y el abuso de poder. La Corte Penal Internacional debe juzgar a aquellos que han optado por la violencia y la opresión en lugar de la justicia y la democracia. Hoy más que nunca, Venezuela necesita el apoyo y la solidaridad de todos aquellos que creen en la libertad y los derechos humanos.