Semana: Magistrados denuncian “chuzadas” y seguimientos por parte de la inteligencia del Gobierno Petro

Semana: Magistrados denuncian “chuzadas” y seguimientos por parte de la inteligencia del Gobierno Petro

| Foto: Montaje Semana

 

El miércoles de esta semana, la fiscal Luz Adriana Camargo concurrió a una sala plena convocada de forma extraordinaria en la Corte Constitucional. En la reunión estaban presentes todos los magistrados del alto tribunal. Fuentes del despacho de Camargo le contaron a SEMANA que, en ese encuentro, la fiscal recibió una de las denuncias más graves desde que está en su cargo.

Por Semana





En esa sesión, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le hizo entrega a Camargo de una fuerte carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar denuncia cómo él y su esposa están siendo víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal que incluye chuzadas telefónicas, seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes. Todo por cuenta de su trabajo como magistrado en esa Corte.

Hace unos días, se encendieron las alarmas cuando un mensaje de un estado de WhatsApp se viralizó. Allí decía: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”. Este viernes, en la Fiscalía le confirmaron a SEMANA que dicho mensaje salió del teléfono celular del propio Ibáñez.

Personas que trabajan con Camargo le hicieron entrega a este medio del documento que recibió en la Corte y que está en el escritorio de la fiscal. La carta, de dos páginas, tiene fecha del pasado 14 de junio bajo el asunto “situación irregular”. Allí, el magistrado Ibáñez le reportó al presidente de la Corte Constitucional:

“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”.

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