El pasado viernes 31 de mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que afectará la instalación de cámaras en las calles de Florida. La legislación “Control del tráfico”, que fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes sin un solo voto negativo, ordena a los condados que establezcan nuevas órdenes con respecto a los dispositivos de infracciones viales.
Por La Nación
En concreto, la ley HB-1363, en que entra en vigencia a partir del 1° de julio de este año, prohíbe a los condados y gobiernos locales comenzar o renovar un contrato, a partir del 1° de julio de 2025, para los detectores de infracciones de tránsito, comúnmente conocidos como cámaras de semáforo en rojo, cuando el proveedor contratado sea propiedad del gobierno de un país extranjero de interés o que la empresa tenga una participación mayoritaria en dicha nación.
Los llamados “países extranjeros de interés” son: China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria.
Demi Busatta, representante republicana que defendió la nueva ley, comentó a Florida Politics: “El proyecto de ley garantiza que tengamos requisitos adecuados de transparencia y presentación de informes a medida que aumenta el uso de cámaras de semáforo en rojo en todo el estado. Debemos asegurarnos de que estos programas estén implementados con el propósito de promover la seguridad pública y no para lucrar con los floridanos trabajadores”.
Florida: cuándo entra en vigor la nueva ley de cámaras de infracciones de tránsito
La legislación, que entra en vigor el 1º de julio de 2024, también requiere que un condado o municipio promulgue una ordenanza para autorizar la colocación o instalación de uno o más detectores de infracciones de tránsito instalados a partir del 1º de julio de 2025, así como también para autorizar la contratación con un proveedor. Dicha disposición debe promulgarse tras una reunión pública.
También establece que un gobierno local deberá determinar que la intersección en la que se colocará la cámara de tránsito constituye un mayor riesgo de seguridad y justificar medidas de cumplimiento adicionales. También obliga a que se informe anualmente, en una reunión pública, los resultados de todos los detectores de infracciones dentro de la jurisdicción.
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