Polémica en Illinois: Juez dictamina que inmigrantes ilegales pueden portar armas

Polémica en Illinois: Juez dictamina que inmigrantes ilegales pueden portar armas

Un juez federal de Illinois dictaminó que la Constitución protege los derechos de los no ciudadanos que ingresan ilegalmente a Estados Unidos. AFP vía Getty Images

 

Un juez federal de Illinois designado por el presidente Barack Obama dictaminó que la Constitución protege los derechos de los no ciudadanos que ingresan ilegalmente a Estados Unidos después de que se encontró a un inmigrante mexicano que vivía en Chicago en posesión de una pistola.

Por New York Post

La jueza de distrito estadounidense Sharon Johnson Coleman dictaminó a principios de este mes que una prohibición federal de que los inmigrantes indocumentados posean armas de fuego es inconstitucional y desestimó los cargos contra Heriberto Carbajal-Flores, quien fue arrestado en 2020 después de violar una ley federal que prohíbe a los no ciudadanos poseer armas.

Coleman dictaminó que dado que Carbajal-Flores no tiene antecedentes penales y las circunstancias detrás de su arresto no fueron violentas, no debería ser privado de su derecho de la Segunda Enmienda a portar armas en defensa propia, informó Fox News Digital.

Fue acusado en virtud del Título 18 del Código Penal de Estados Unidos, que prohíbe a los no ciudadanos poseer armas de fuego y municiones “o recibir cualquier arma de fuego o municiones que haya sido enviada o transportada en el comercio interestatal o extranjero”.

Carbajal-Flores sostuvo que compró el arma de fuego para defensa propia y protección de la propiedad “durante una época de disturbios civiles documentados” en la primavera de 2020, durante el apogeo de las protestas de George Floyd en todo el país.

Si bien Coleman anteriormente negó las mociones de Carjabal-Flores para desestimar los cargos, luego pidió al tribunal que reconsiderara la decisión de la Corte Suprema en Bruen, que dictaminó que la ley de Nueva York contra portar una pistola en público violaba un derecho constitucional, así como varias decisiones judiciales más pequeñas que consideraron si a las personas condenadas por delitos no violentos se les puede prohibir tener armas de fuego.

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