Nicolás Petro, hijo del presidente, Gustavo Petro, acudió este jueves, 11 de enero, a la audiencia en la que el juez segundo penal municipal de Barranquilla le negó la petición de nulidad por parte de sus abogados suplentes, al insistir que la Fiscalía incurrió en varias irregularidades al momento de imputar cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Por Semana
El juez, Hugo Cabornó, detalló “los hechos jurídicamente relevantes son claros, concretos, coherentes”, al tiempo que consideró que la imputación realizada en agosto pasado “fue clara, concreta y precisa y no ambivalente, sin evidenciarse contradicciones o carencias de hechos jurídicamente relevantes”.
Por esto consideró totalmente improcedente la solicitud de nulidad radicada ante su despacho y avaló los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y la Procuraduría: “Si no hay violación de garantías, no se violó el debido proceso, no se vulneró el derecho a la defensa, no se afectó la estructura procesal”.
En medio del escenario que se vio durante la audiencia contra Nicolás Petro, en la diligencia judicial sin más reparos, dudas o nulidades, el hijo del presidente Petro se convirtió en un acusado de la justicia.
La Fiscalía defendió su acusación y los elementos de prueba que advierten la presunta responsabilidad del exdiputado de Atlántico en los hechos jurídicos que se condensaron en la acusación que hizo el ente acusador y que anticipan un juicio en contra del hijo del presidente.
Ante la acusación, si Nicolás Petro es hallado culpable de los delitos que se le imputan se expondría a penas que lo llevarían a pagar una condena de varios años en la cárcel. La sentencia sería a 15 años y una multa equivalente al doble del valor por enriquecimiento que no supere los 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes.
Aunado a esto el ser inhabilitado para ejercer funciones públicas en un periodo de ocho a 15 años.
Una delicada situación para el hijo del presidente, pues el fiscal Burgos sostuvo que Nicolás tuvo ingresos no justificados por un valor de $1.053 millones y junto con su exesposa, Daysuris Vásquez, adelantó una serie de maniobras para legalizar los recursos.
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