Haití, en algún momento la colonia más próspera de América, ha experimentado una triste transformación en las últimas décadas, convirtiéndose en la nación más pobre de la región, con más de la mitad de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza. Esta polaridad histórica ha captado la atención y preocupación de la comunidad internacional
Por: Alán Rivera – Periodista de investigación
Los desafíos que enfrenta Haití son abrumadores, desde la extrema pobreza y la inestabilidad política hasta desastres naturales, corrupción y una severa falta de infraestructura. A esta lista debemos añadir la violencia y la inseguridad causadas por pandillas armadas, que controlan cerca del 80% de la capital, Puerto Príncipe.
Estas pandillas han aterrorizado a la población, forzando a más de 200,000 personas a huir de sus hogares en medio de oleadas de violencia indiscriminada, secuestros, violaciones, incendios provocados, tráfico de drogas y abusos. Además, han sitiado la ciudad, cortando líneas de suministro vitales para el resto del país.
Algunas de estas pandillas han establecido conexiones directas con funcionarios corruptos, debilitando aún más las instituciones gubernamentales y dificultando la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden.
Para comprender mejor el contexto de este informe presentado por la organización internacional, es crucial tener en cuenta que su origen se encuentra en Canadá. En diciembre pasado, el Departamento de Asuntos Exteriores de ese país sancionó a tres influyentes empresarios haitianos, Gilbert Bigio, Reynold Deeb y Sherif Abdallah, acusándolos falsamente de financiar pandillas armadas. Posteriormente, se añadieron Carl Braun y Andy Apaid. Sin embargo, estas sanciones se impusieron sin evidencias creíbles ni pruebas concluyentes.
Un informe reciente de la ONU sobre Haití menciona a figuras prominentes involucradas en el financiamiento de pandillas armadas, incluyendo al ex presidente Joseph Michel Martelly, al exsenador Youri Latortue, al ex diputado Prophane Victor y al empresario Reynold Deeb. El informe hace graves acusaciones contra el Sr. Deeb sin haberle brindado la oportunidad de disputar estas afirmaciones. Lo que resulta bastante curioso es que las pruebas utilizadas no tendrían peso legal ante ningún tribunal:
1. Un senador haitiano desacreditado, que utiliza rumores para acusar al Sr. Deeb.
2. Información obtenida de una entidad comercial cuyo propósito personal no está claro. De hecho, la ONU no identificó esta entidad, lo que genera más dudas.
3. Información de 3 desconocidos economistas de la diáspora, que no tienen una base adecuada en Haití para evaluar adecuadamente cualquier acusación recibida.
4. Nuevamente, una sociedad civil “no revelada” entre muchas otras sociedades civiles haitianas en competencia no permite una evaluación adecuada y no necesariamente otorga credibilidad a su opinión.
5. Ninguno de los empresarios sancionados, aunque estaban disponibles, fue interrogado por el Comité de Sanciones ni se les brindó la oportunidad de responder a las acusaciones.
Es evidente que la violencia de las pandillas en Haití ha causado daños económicos a todos los negocios haitianos. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué lógica puede haber para que un empresario legal financie a pandillas que roban, matan y cometen todo tipo de delitos, generando más caos y destrucción en ese devastado país? ¿Por qué el propietario de una empresa decidiría financiar y suministrar armas a pandillas que, tanto antes como después de estos presuntos incidentes de financiamiento, roban sus camiones, contenedores y productos?¿No es absurdo que una empresa financie a quienes siembran el caos y empobrecen aún más a la población a la que se supone que deben servir y son los consumidores finales de sus productos y servicios?
Respetar el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa y a enfrentar a quienes los acusan es fundamental. Por lo tanto, las Naciones Unidas deben tener mucho cuidado de no ser víctimas de desinformación y arriesgar su reputación e imparcialidad. Al contrario, las Naciones Unidas deberían permitir que cada ser humano ejerza sus derechos fundamentales.