A Néstor Castro Barrios y a Orlando Cuicar
Pienso, al igual que Paul Krugman, que la capacidad de un país para mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende casi por completo de su capacidad de aumentar su producción por trabajador; por lo tanto, siento que toda iniciativa que conspire contra ese principio se convierte en un factor distorsionador de la vida económica de una nación. La productividad, dice este insigne economista, no lo es todo, pero a la larga es casi todo.
Creo, como este nobel de economía, tal cual lo predicaban seres humanos de oficios tan distintos como Rómulo Betancourt, el gran estadista venezolano y Jorge Luis Borges, el eminente escritor argentino, en una sociedad relativamente igualitaria, apoyada y sostenida por instituciones que limiten los extremos de pobreza y de riqueza, algo similar al modelo suizo: una sociedad de clase media.
Los imperativos de la ciencia económica
Pretender que se puede cambiar el rumbo de la economía y la vida de los habitantes de un país por puro capricho ideológico de un puñado de ignaros en el poder, decretando la igualdad únicamente por demagogia y solo para su explotación y beneficio particular, constituye no solo una atrocidad sin sentido, sino también un verdadero crimen de lesa humanidad.
Sus consecuencias han sido tan inhumanas, devastadoras y de más largo alcance estructural que el asesinato selectivo, la tortura, la persecución, la esclavitud y la liquidación de todos los derechos civiles investigados por la Corte Penal Internacional.
La ignorancia en materia económica de algunos liderazgos que han asumido el poder, especialmente en Latinoamérica, inspirados en el sentimiento igualitario y el resentimiento social, ha producido verdaderas catástrofes que la mayor parte de las veces, como casi todo acto despreciable en política y economía hasta ahora, han quedado impunes en Sur América.
Los daños, en todas las áreas de la institucionalidad pública y privada, por efecto de los disparates económicos cometidos en nombre de supuestos beneficios para la mayoría, suelen ser históricamente de efectos tan letales y más prolongados de los que ocasiona el asesinato y la tortura.
Los agravios morales y psicológicos ocasionados por la dictadura peronista no pasan, aún persisten, desde 1946, como una manera de hacer economía política y en Venezuela ya comienzan a sentirse sobre la familia venezolana en general, desde 1998, las secuelas de destrucción del aparato económico, producto de los manejos macroeconómicos inconcebibles por las leyes de la economía y el estado de derecho, dirigidos por verdaderos cretinos en materia económica.
Esas orientaciones desconcertantes han llevado a la depredación de los recursos naturales, de las finanzas, a la ruina y a la pobreza generalizada, que han forzado uno de los éxodos más numerosos y desgarradores de la historia de un país en el tercer mundo.
Contra las enseñanzas de los maestros
Al pasar revista al pensamiento de los maestros de la ciencia económica y la motivación esencial que dio pie a su reconocimiento mundial, nos damos cuenta lo alejados que han estado los autores de este mayúsculo desastre de principios económicos fundamentales y de su total carencia de conocimientos, escrúpulos y sentido común desde que llegaron al poder en 1998.
Se olvidaban de una reflexión vital que dio fundamento para la entrega del Nobel (1986) a James M. Buchanan: sus fundadas advertencias sobre el peligroso papel que puede desempeñar el gobierno cuando intenta establecer por decreto la justicia social.
Se ignoraron también esenciales consideraciones de otro insigne maestro, Ronald H. Coase, Nobel (1991), quien demostró el gran peso que tiene la seguridad jurídica y la confianza, en el desarrollo de las sociedades. Ese principio se hizo trizas, apoyado en alocadas ideas, ya convertidas en una pesadilla que de arrancada procedió a lo que uno de los directivos petroleros de aquel tiempo llamó un genocidio laboral, en el año 2003, luego de finalizada la huelga petrolera.
La nueva monarquía chavista contra el estado de derecho
Fueron despidos injustificados de más de 18.000 profesionales y trabajadores calificados en su mayoría, sin previo aviso. Muchos estaban de vacaciones, otros de reposo médico, mujeres embarazadas, todos echados a patadas de sus trabajos por medio de un aviso de prensa, sin el cumplimiento del debido proceso, establecido en el artículo 89 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, en evidente transgresión de la Constitución.
La primera fase de violación al derecho de propiedad consistiría en la expropiación de cinco millones de hectáreas, prácticamente confiscadas; hatos, medianas y grandes haciendas, sin indemnización alguna a la gran mayoría de propietarios, incumpliendo de manera flagrante el artículo 115 de la Constitución. Estas reiteradas violaciones al estado de derecho dejaron una víctima emblemática en la figura del ciudadano Franklin Brito, defensor hasta el martirio del derecho de propiedad.
Todo ese clima de inseguridad jurídica en el campo venezolano vendría reforzado de un proceso de expropiaciones de empresas del sector industrial no esenciales para el supuesto desarrollo endógeno que iniciaba la revolución a partir del 2005, la mayoría de las cuales terminaron quebradas y abandonadas a su suerte. Las estadísticas del Observatorio de Gasto Público del Cedice (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico) y de CONINDUSTRIA, resultan aplastantes a más de dos décadas de Revolución Bolivariana:
Más de 5.000 empresas fueron expropiadas, nacionalizadas o intervenidas por el gobierno, de las cuales solo sobreviven una minoría de forma muy precaria y no se conoce una sola exitosamente económica entre todas. Según el diputado José Guerra: Venezuela es un cementerio de empresas quebradas, una tras otra a ritmo de diana militar, encargadas estas, en su mayoría a hombres de uniforme.
El futuro de empresas básicas no sería hoy tan precario y lastimoso, si progresivamente, el gobierno no las hubiera pasado a controlar haciendo de ellas empresas muy ineficientes, solo útiles para sumar clientela política, como CANTV, la Electricidad de Caracas, y Sidor, entre otras.
Las vías parafiscales para capturar clientela y perpetuarse
La estrategia de apropiación, control y orientación de la primera empresa del país, fuente principal de nuestros ingresos, pasaba después de la huelga petrolera a formar parte de los haberes del dictador y, por consiguiente, de la institución castrense y con ella, por supuesto, el resto de activos más importantes en las primeras de cambio del sector agrícola, industrial y de comercio, banca y servicio; es decir, toda la estructura económica de la República Bolivariana de Venezuela.
El fin último, permanecer para siempre en el poder; para ello había que hacer uso indiscriminado de todos los recursos fiscales y petroleros con el propósito de consolidar el apoyo popular. Un discurso sazonado de gigantescas mentiras, fábulas históricas y gran elocuencia, mantenía excitada y expectante a la mayoría de la gente humilde, y muy disminuida a la vanguardia opositora, con sus arranques de arrogancia y deseos de venganza con desplantes de mero macho a las que casi todos temían.
El medio para atornillarse, dirigir todos los recursos al lugar donde rinden fruto el populismo y la demagogia: el gasto social, los subsidios y los controles de precio. La fuente de gasto pronto la inventarían para evadir los controles y supervisión fiscal.
Las bendiciones del gasto social
Según un ensayo de Carlos Aponte Blank sobre el comportamiento del gasto público social durante el periodo 1999-2009, el lapso 2006-2009 es considerado como la etapa de la historia fiscal venezolana de mayores erogaciones sociales por habitante. Ese lapso superó los máximos niveles que había alcanzado el gasto social entre 1978-1981, al amparo del auge de los ingresos petroleros.
Los mecanismos extrapresupuestarios para amasar clientela electoral, mediante la canalización de una gran cantidad de recursos públicos por vías parafiscales, empezarían a proliferar a partir del 2003 con el Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País (FONDESPA) alimentado con aportes de PDVSA.
Luego, en 2005, se crearía el Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN), el cual se convirtió, soportado también por PDVSA, en la fuente principal de financiamiento social. Más tarde, en mayo del 2008, nacería el Fondo Chino, un acuerdo binacional entre el gobierno venezolano y la República Popular China con el fin de impulsar proyectos de desarrollo, del cual hasta el presente nadie ha sabido dar cuentas.
Todos los fondos dedicados al gasto público social hicieron que se abandonaran compromisos, contribuyendo a disminuir la capacidad de inversión en la industria, incrementando la participación estatal en el negocio, asfixiando a los privados y dejando de pagar a sus socios de las compañías mixtas y a los contratistas, lo que ha sentado las bases del colapso de la industria petrolera.
Bajo el pretexto de gasto social, todos esos recursos inyectados a fondos para el supuesto desarrollo social, más el endeudamiento público, más el adelanto de pagos de petróleo vendido a China, han sido usados inescrupulosamente para fines electorales, políticas clientelares y corrupción, con el único fin de mantener la hegemonía en el poder. Hasta aquí es la fase light, el gobierno no necesitaba una línea dura ni represión masiva.
Se agotan los recursos, crece la deuda y caen los precios
Según el profesor Miguel Ángel Santos, Chávez, sin el más mínimo criterio de racionalidad económica, se embarcó en un aumento –como ya lo explicamos– fenomenal del gasto público directamente a través de la tesorería de Petróleos de Venezuela, creando fondos especiales que le servían de mecanismos parafiscales para violar de manera continua y sistemática los artículos 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, relativos al manejo eficiente, solvente, transparente y responsable de la gestión fiscal; los límites y control del endeudamiento público, y la reglamentación, ejecución y control del presupuesto nacional.
Hugo Chávez dejó el país con un enorme déficit fiscal y una deuda gigantesca que demandaba un serio programa de ajustes macroeconómicos que tomaras las primeras medidas de control del gasto, atendiera los requerimientos de la industria petrolera y las industrias básicas y eliminara el control de cambio, entre otras.
Cuando comenzaron a escasear los recursos y caen los precios del petróleo y la deuda se hace impagable, su heredero Nicolás Maduro, lejos de hacer los ajustes necesarios a una economía en cuidados intensivos, resultado de la sinrazón económica y la acumulación de manejos irregulares e improcedentes, contrariando leyes esenciales de la economía y el sentido común, persistió en sus arbitrarios y corruptos manejos.
Llego la hiperinflación
Maduro continuó las políticas de su antecesor y, por el contrario, creó condiciones para que a la crisis financiera se sumara la escasez de productos alimenticios y medicinas, el aumento incontrolable del desempleo por el cierre de empresas privadas, la quiebra y abandono masivo de las intervenidas, y la tragedia histórica más sentida de la familia venezolana: su diáspora por el mundo, su fractura como núcleo de la sociedad y la incertidumbre, con huellas emocionales muy dolorosas difíciles de superar.
La guinda de ese poderoso cocktail ya la había puesto su antecesor mediante dos reformas, hechas a capricho a la ley del Banco Central de Venezuela, que facilitaron la intervención del Ejecutivo en la elaboración de las políticas monetarias, violando el artículo 318, que dice: las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el BCV.
Además, olvidando un principio incuestionable de Milton Friedman, que le mereció el Nobel en 1976, cuando estableció de manera irrefutable las funestas consecuencias inflacionarias que provocan las manipulaciones políticas de la masa monetaria, cuando se ignoran las realidades del mercado.
Vendría, entonces, el desenlace fatal de un proceso hiperinflacionario originado en todas las causas anteriores, pero la más determinante en este caso sería la pérdida de autonomía del Banco Central de Venezuela y la intervención del Ejecutivo en el dictado de las políticas monetarias, principalmente a través de la inyección de dinero inorgánico en la economía y en los cambios realizados a la ley de endeudamiento público iniciado en 2009.
Si a esto agregamos el hecho de que el déficit fiscal de la república es financiado por el BCV, tendremos como resultado el proceso conocido como monetización del déficit, que consiste en la financiación del déficit público mediante el aumento del dinero en circulación: El Banco Central compra la deuda pública de un gobierno con moneda de nueva creación, por lo que aumenta la cantidad de dinero en dicha economía generando problemas de inflación.
Epílogo
El corolario de todos los atentados contra la ciencia económica y el sentido común, ha terminado, resultado de una primitiva gestión económica y política, dañando severamente la productividad y la competitividad, incrementado la dependencia del petróleo, estimulando la corrupción política, deteriorando la calidad de vida de los que se quedaron y a duras penas sobreviven, violando los derechos fundamentales de toda la población y criminalizando a quienes se oponen al régimen.
Es hora de que las democracias occidentales comiencen a pensar en el modo de castigar con severas penas, al igual que a los criminales de lesa humanidad a los autores de crímenes de lesa economía, cuyos efectos sobre el aparato productivo y los colaterales sobre las instituciones, la educación, la salud, la psiquis, la moral y el bienestar material y espiritual de generaciones enteras, son de tan alto costo al desarrollo humano y dejan una huella tan indeleble como la tortura y la muerte de quienes se oponen directamente a la dictadura.
Leon Sarcos, febrero 2023