Los recintos electorales en Ecuador cerraron a las 17:00 hora local (22:00 GMT), en unos comicios desarrollados sin mayores incidentes, para el proceso de designación de autoridades locales, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y un referendo convocado por el Gobierno.
El proceso se desarrolló con normalidad durante las diez horas en las que estuvieron abiertas las urnas en todo el país.
La Policía Nacional reforzó la seguridad de 162 recintos de votación y de los candidatos que lo habían solicitado tras el asesinato el sábado de Omar Menéndez, que se presentaba a alcalde del cantón (municipio) de Puerto López por parte del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El incremento de seguridad se dio en centros de votación del distrito metropolitano de Guayaquil y en provincias como Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) para las elecciones locales condenó el asesinato de un candidato en la víspera de la jornada electoral y exigió una pronta investigación para esclarecer el crimen.
“La violencia no tiene cabida en la democracia”, sentenció la misión de observación electoral sobre el crimen cometido contra el postulante del movimiento Revolución Ciudadana.
El caso de Menéndez se sumó al de Julio César Farachio, candidato a alcalde de la ciudad de Salinas, que también fue asesinado por sicarios el pasado 21 de enero, mientras realizaba un mitin de su campaña electoral, con miras a los comicios de este domingo 5 de febrero.
En estas elecciones locales estaban convocados a las urnas más de 13,4 millones de ecuatorianos para elegir a 23 prefectos provinciales y 221 alcaldes, además de renovar a los siete miembros del CPCCS, un órgano que designa autoridades como el fiscal general y el contralor.
Al mismo tiempo, los ecuatorianos respondieron “Sí” o “No” a las ocho preguntas de un referéndum planteado por el Gobierno para modificar la Constitución en materia de seguridad, democracia, instituciones estatales, movimientos políticos y medio ambiente.
EFE