Es casi un lugar común resaltar los profundos vínculos históricos, culturales, sociales, económicos y de sangre que unen a Colombia y Venezuela. Se trata de dos países fuertemente entrelazados, que constituyen mercados naturales, y en cuya historia reciente se han registrado altibajos, entre ellos la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de romper las relaciones con Colombia y expulsar a sus representantes diplomáticos y consulares en febrero de 2019, como reacción a la decisión del gobierno de Iván Duque apoyar el intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela a través de la frontera Cúcuta-San Antonio del Táchira.
Durante largos años participé en la construcción de lazos de integración entre los dos países, bajo el paraguas multilateral del Acuerdo de Cartagena o Grupo Andino, actualmente Comunidad Andina (CAN). Fui parte del equipo negociador que condujo al ingreso de Venezuela a dicho Acuerdo en 1973, fui delegado a las reuniones de la Comisión, órgano máximo del proceso; más adelante, durante seis años fui Miembro de la Junta del Acuerdo, órgano comunitario con sede en Lima; posteriormente, en 1989-90, como Comisionado Presidencial para Asuntos de Integración del presidente Carlos Andrés Pérez, ocupé la presidencia de la Comisión, en momentos de fuerte impulso al proceso, y fui también director por Venezuela en la CAF, antes Corporación Andina de Fomento, hoy Corporación Latinoamericana de Desarrollo. Mi tesis doctoral en Economía por la Universidad ESEADE de Buenos Aires, Argentina, la orienté precisamente al tema: “Las relaciones económicas colombo-venezolanas; un caso relevante y complejo de integración en América Latina”, trabajo en el cual analicé en 2010 la destrucción de valor ocurrida en las relaciones económicas bilaterales a raíz de la antihistórica decisión del presidente Hugo Chávez en 2006 de denunciar el Acuerdo de Cartagena y el Grupo de los Tres (G-3), y de avanzar hacia un modelo socialista que se alejaba de los compromisos de Venezuela con el libre comercio bilateral, andino y latinoamericano.
El retiro de Venezuela del Acuerdo de Cartagena sumió en crisis al proceso de integración andino, pues Colombia y Venezuela representaban el eje principal del comercio intraandino. El punto más alto del comercio bilateral se registró en 2008, con cerca de US$ 7.300 millones de dólares en dos vías, con un altísimo componente de manufacturas, superior al 85%. Todo ello se vino abajo, incluyendo la red empresarial construida con esfuerzo entre los dos países, llevando en años posteriores el intercambio a cifras irrisorias. Una vez perfeccionado el retiro de Venezuela de la CAN, ambos países decidieron negociar el acuerdo comercial No. 28 en el marco de la ALADI (Tratado de Montevideo 1980), para mantener preferencias arancelarias parciales entre ambas naciones, pero dicho acuerdo no produjo resultado alguno, dado el control de cambios que operó en Venezuela desde 2013, y la virtual estatización del comercio exterior adoptada por el régimen chavista.
El afán de Hugo Chávez de privilegiar las afinidades ideológicas con los gobiernos del Cono Sur llevó a una accidentada e inconveniente negociación de incorporación del país al Mercosur en 2006, cuyo perfeccionamiento solo se logró en 2012, dada la oposición política que enfrentó, primero en el Congreso brasileño, y luego durante varios años en el Congreso paraguayo. Todo ese esfuerzo para que Venezuela terminara en agosto de 2017 suspendida de sus derechos y obligaciones en dicho esquema, en virtud de la Cláusula Democrática del Mercosur (Protocolo de Ushuaia).
Con la llegada al poder en Colombia de Gustavo Petro, uno de los primeros anuncios fue el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, la reapertura de los puentes fronterizos, del comercio y las conexiones aéreas. Son numerosas las reuniones celebradas entre presidentes, ministros y autoridades regionales de un lado y otro, pero los anuncios políticos han ido más rápido que las realidades. Fue tal el nivel de desinstitucionalización que se generó durante años en la amplia línea fronteriza, que bajo la sombra del cierre prosperaron grupos mafiosos que se enriquecieron con el tránsito de bienes y personas a través de las trochas, involucrando a cuerpos de seguridad, crimen organizado y guerrilla. En la práctica, como lo ha expresado el gobernante colombiano, el accionar de los irregulares no ha cesado, y el comercio a través de los denominados “caminos verdes” continúa vigente, como tampoco ha sido posible restablecer las conexiones aéreas más allá de los anuncios políticos. Así, entre septiembre de 2022 y enero de 2023 el intercambio bilateral formal llegó a solo US$ 27 millones, una cifra exigua, que muestra que la ilegalidad sigue vigente para evadir controles e impuestos. El presidente de ANALDEX de Colombia Javier Díaz considera que el restablecimiento comercial tomará más tiempo de lo esperado, y acuñó una diciente frase: “Las mafias que antes estaban debajo de los puentes, ahora están sobre los puentes”.
Así, las expectativas se han visto superadas por las realidades. Del lado venezolano, los gremios destacan que la economía venezolana sigue deprimida y que se requerirá una transición, pues si bien el 2022 fue el primer año de crecimiento del PIB gracias a los altos precios del petróleo, durante 8 años continuos (2013-2021) se registró una contracción del PIB venezolano en 80%, porcentaje solo concebible en un país en guerra, entre otros por errores de política pública y porque el aparato productivo venezolano, incluyendo el petrolero, quedó reducido en los 24 años de régimen chavista a una mínima expresión. Los gremios empresariales hablan de revisar el Acuerdo Comercial No. 28, y de una transición hacia los objetivos del libre comercio. Venezuela no es más el gran mercado del pasado y está aquejada del perverso binomio de hiperinflación e hiperdevaluación del bolívar. En la actualidad la cotización del bolívar en el mercado paralelo supera los 23 bolívares por dólar y sigue depreciándose. De allí la dolarización de facto de la economía, que favorece solo a un porcentaje pequeño de la población, pues los trabajadores del sector público y los jubilados perciben sus ingresos en bolívares, con una continua pérdida de su poder adquisitivo. Ello explica las protestas que ocurren a diario en Venezuela, actualmente lideradas por trabajadores del sector educativo.
Creo firmemente que la integración colombo-venezolana debe restablecerse bajo un marco de solidaridad y cooperación entre gobiernos, empresarios y líderes regionales, para garantizar la seguridad y la normalidad en las fronteras, hoy en manos del crimen organizado y de los grupos guerrilleros enseñoreados en Venezuela. Sin un cambio profundo en la seguridad e institucionalidad no habrá un clima favorable al crecimiento del intercambio. Es necesario además que Colombia se comprometa con decisión en la democratización de Venezuela. Y cuando se produzca el anhelado cambio político en el país, ambas naciones podrán impulsar con mayor determinación la integración económica, que fue tan promisoria en el pasado, sea a través de la reincorporación de Venezuela a la CAN, o convirtiendo el actual Acuerdo Comercial No. 28 en un Tratado de Libre Comercio en el marco de la ALADI. Entre tanto, ojalá y pronto operen los Consulados, de lo cual tienen urgente necesidad tanto venezolanos en Colombia como colombianos en Venezuela, y que se restablezca el flujo de conexiones aéreas por encima de los caprichos del régimen venezolano.