Dolorosa experiencia para los venezolanos que huyen del régimen que los ha castigado por más de veinte años, las llamadas deportaciones silenciosas desde Estados Unidos pegan en nuestra alma. Vuelven a terceros países donde tuvieron un mínimo estatus legal, como Colombia o República Dominicana, contradicho Biden consigo mismo, porque criticó a Trump por medidas similares, empleando un medio rápido como el título 42, según refieren, aplicable en tiempos de pandemia.
El problema tiene una triple dimensión: la obviamente humana, porque versamos sobre una situación demasiado injusta para las familias que jamás desearon abandonar a un país que destacó tanto por recibir y asimilar a grandes oleadas de inmigrantes; la criminal, expuestas a las prácticas tan traumáticas del crimen organizado para el cruce ilegal de las fronteras, principalmente en la región sur-oeste; y la que tendría que ver inexorablemente con una política de Estado. Dimensión ésta, también llamativa por la escasa reacción y atención que a nuestro juicio todavía se evidencia en Venezuela, privilegiado sólo el enfoque moralista y sentimental aún en la dirigencia política.
Puede aseverarse, es necesario que el dirigente político tenga una extraordinaria sensibilidad ante el drama de nuestros paisanos, pero debemos esperar que haga una consideración precisamente política sobre un asunto tan delicado. Considerado todo opositor o disidente, como enemigo interno, el régimen ha propiciado humana, política, social y económicamente la expulsión de más de siete millones de coterráneos, incluso, allende los mares: ahora, el gobierno estadounidense considera a la migración ilegal venezolana, aplicando una norma referida al Covid-19, como una amenaza a la seguridad nacional.
Amenaza que no es militar, tomando otros rumbos, nos coloca en el marco de la llamada securitización, de acuerdo a la versión oficial. El enfoque, surgido a finales del siglo pasado, dependiente del tratamiento de la opinión pública proclive a la estigmatización del migrante, toma por mejor y paradójico ejemplo lo que acontece en la frontera de Estados Unidos y México, maltratado éste tanto como maltrata al resto de los migrantes centroamericanos. No obstante, las circunstancias son harto diferentes respecto a Venezuela.
Nos corresponde a todos los venezolanos, solidarizarnos con nuestros hermanos; a los periodistas, reportarnos la noticia; al novelista o poeta, transmitirnos un retrato fiel y creador de nuestros dramas, pero a los políticos – ciertamente – localizar en su justa dimensión el planteamiento: la migración ilegal no constituye una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y el hemisferio, sino el régimen que le ha dado origen. Mal puede incurrir el gran país del norte y el resto del continente, en una práctica securativa que violenta los derechos humanos y no expresa una adecuada política migratoria para quienes se desean en una patria libre, la que aman muchísimo, definitivamente libre y liberada: Venezuela.