Juez se opone a fiscal y rechaza cerrar investigación a Podemos tras revelaciones de “El Pollo” Carvajal

Hugo Carvajal

 

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea rechazará la petición de la Fiscalía que solicitó el cierre, sin realizar ni una sola diligencia, de la investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos, según ha podido saber OKDIARIO. Esta causa se abrió a raíz de las revelaciones del jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia chavista Hugo El Pollo Carvajal.

Por okdiario.com

La Fiscalía, que tiene como máxima dirigente a la ex ministra socialista Dolores Delgado, solicitó la semana pasada al magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 que la Policía no investigase las dos tapaderas chavistas utilizadas para financiar presuntamente al partido de Pablo Iglesias que gobierna en coalición con el PSOE, según adelantaron a este periódico fuentes del Ministerio Público.

El magistrado había ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) investigar un documento aportado por El Pollo Carvajal en el que se reflejaba el pago de 142.000 dólares por parte de Nicolás Maduro a los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez a través de dos empresas chavista.

Contrato firmado por Nicolás Maduro en octubre de 2013 por el cual pagó 142.000 dólares (122.673 euros) a tres miembros de Podemos: Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez.

 

En esa orden de contratación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro aprueba un gasto total de 532.520 dólares para financiar la presencia de la petrolera estatal PDVSA en la cumbre internacional del petróleo de Moscú, de acuerdo con un presupuesto presentado por la empresa con sede en Caracas VIU Comunicación.

De esta cantidad, 142.000 dólares debían destinarse a tres miembros de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, y otros 280.520 dólares al diseño y ejecución material del stand de PDVSA. El «punto de cuenta» se elaboró a propuesta del ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez Carreño.

Junto a su firma, al pie de la segunda página aparece la rúbrica de Nicolás Maduro. En el apartado «comentarios del presidente», tan sólo cuatro palabras con un trazo enérgico: «¡Unidos en la lucha!». En la misma página se indica que la orden de pago ha sido «aprobada» por el presidente del Ejecutivo y en cuanto al «tratamiento comunicacional propuesto» aparece señalada la casilla «no divulgar». Este documento fue publicado en exclusiva por OKDIARIO, pero El Pollo Carvajal entregó al magistrado de la Audiencia Nacional el papel original.

Nicolás Maduro firmó un contrato para desviar fondos a miembros de Podemos. El documento señalaba: «¡Unidos en la lucha!».

 

Dos ‘tapaderas’ chavistas

Carvajal reveló al juez que la mercantil que aparece en dicho punto de cuenta –VIU Comunicación– y la sociedad Viu Europa SL, cuyo administrador único de ambas es el venezolano Ernesto Velasco, fueron utilizadas como tapaderas para financiar a los morados con fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En un Informe Confidencial, el título del documento enviado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón al que tuvo acceso en exclusiva este periódico, El Pollo Carvajal explicó el modus operandi de Caracas para financiar a Podemos. Entre las distintas vías utilizadas para hacer llegar el flujo de dinero, destaca la entrega en efectivo en España «a través de empresas con fachada española». Según Carvajal, Maduro ordenaba al presidente de Bancoex y actual viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordils, contratar a «empresas españolas de su elección para que organizara los eventos internacionales Venezuela Exporta. Una vez adjudicado y pagado el contrato, el dueño de la empresa entregaba parte de sus ganancias como dividendo en España a Juan Carlos Monedero».

La investigación, por el momento, seguirá su curso después de que el juez Gadea rechace la propuesta de la Fiscalía. De este modo, los agentes continuarán investigando los indicios delictivos que apuntan a los morados por financiación ilegal, blanqueo de capitales y delito fiscal.