“Si no pagamos, nos acuchillan”: impactante relato de víctimas de explotación sexual en Cúcuta (Parte II)

Residencias donde deben trabajar las víctimas de explotación sexual en Cúcuta

 

 

 

Un mes duró en la prostitución Laura (nombre ficticio para proteger a la víctima), pero sintió que fue como un año. Pudo observar a niñas desde 13 años en adelante en las calles de Cúcuta y cada día son más quienes cruzan la frontera de forma desesperada en busca de un empleo en el Norte de Santander.

Por Anggy Polanco / Luz Dary Depablos

Durante las horas que ellas permanecen en la explotación sexual, hay muchos hombres vinculados a grupos criminales que les exigen cuotas diarias a las mujeres venezolanas y colombianas.

“Ahí se instala una persona que nos pedía una tarifa diaria de 10.000 pesos (3 dólares) y las chicas que no pagaban, les cortaban el cabello, o peor aún, les chuzaban los senos o las nalgas con cuchillos”, describió Laura.

Esto conllevó a que ella se convirtiera en una persona agresiva, en vista de que tuvo que aprender a defenderse en la calle. “Yo a veces decía no puedo, no puedo, porque a veces me llegaban tipos tan borrachos y tan horribles”, recordó con una mirada triste.

Muchas mujeres caen en las drogas y el alcohol para poder estar con los desconocidos y, en ocasiones, ni siquiera reciben el dinero que antes del coito se había acordado.

“Una vez un tipo con el que no quise estar, sacó un arma. Yo salí corriendo desnuda de la habitación y pedí ayuda en la residencia (sitios de prostitución) para salvar mi vida”, reveló.

La explotación sexual se puede observar en varias zonas del departamento Norte de Santander, pero en Cúcuta los sitios de referencia son el Parque Mercedes Abrego y las cercanías al terminal, donde hay más violencia hacia las mujeres. En el referido parque, a mediados de 2015, había no menos de 350 venezolanas en la prostitución, y desde entonces no paran de llegar, aseguró Laura.

Contó que la violencia es ignorada por la fuerza pública de Colombia y puso como ejemplo que detrás del Parque Mercedes Abrego hay un Comando de Atención Inmediata (CAI). Ellos ven todas esas fechorías y no actúan por intereses de fuerza mayor como el dinero que mueven las poderosas mafias detrás de las mujeres.

Sin censo

Las condiciones para acceder a un trabajo en el país neogranadino, desde que inició el movimiento migratorio en 2015 desde Venezuela hacia Colombia por la frontera del Táchira, hasta la fecha no han cambiado. Por el contrario, han empeorado.

Laura está en un proceso psicológico tras el estrés postraumático, pues el daño que queda a quienes son víctimas de la explotación sexual y logran salir del perturbador mundo, dura toda la vida. Su hija fue un pilar para ella y logró conseguir otro trabajo, aunque ganando muy poco.

 

“Así haya sido una sola vez, no es fácil”, expuso Alejandra Vera, directora de la organización Mujer, Denuncia y Muévete (MDM), quien ha logrado ayudar a más de 4.000 venezolanas captadas por las mafias en la frontera.

Las líderes de la organización Mujer, Denuncia y Muévete se preguntan constantemente: “¿Por qué en Venezuela no se abre un censo de las familias que no saben de sus hijas?”.

Proponen llevar a cabo desde la organización un censo, con el fin de que las familias en Venezuela puedan saber sobre el destino de sus hijas, muchas de las cuales son menores de edad que terminan quedando embarazadas, por desconocimiento, no logran acceder al aborto por violación sexual y terminan naciendo niños provenientes de este tipo de violencia. Para el momento en que se realizó este trabajo, la organización contactada conocía de 7 venezolanas que dieron a luz a hijos no deseados.

Los tentáculos del narcotráfico

El general Oscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aseveró que la trata de personas va conexo al tema del narcotráfico. Han ejecutado despliegues policiales que les ha permitido la captura de grupos involucrados en estos delitos, logrando llevar los casos a nivel judicial.

Con esas capturas se han incautado evidencias que servirán para realizar otras detenciones, explicó el vocero policial, bajo lineamientos nacionales junto a Migración Colombia. Señaló que se ha judicializado y protegido a las víctimas cuando han participado en los procedimientos.

Gran parte de los vinculados al delito han sido considerados integrantes de delincuencia común, y a lo largo del año 2021 solo llevan el registro de 7 casos por trata de personas inmersas en la explotación sexual.

Uno de los grupos que según el general de la policía está inmerso en el delito de trata de personas es la megabanda Tren de Aragua, un grupo criminal que nació en una prisión venezolana, el cual entre sus delitos también estaría la captación de jóvenes desde Venezuela.

Sin embargo, el boletín N°3 del Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander, explica que en los diálogos con mujeres en el Corregimiento La Parada, Norte de Santander, se evidencia el temor y desprotección.

“Las mujeres de origen venezolano expresaban temor de transitar ciertos espacios públicos, por prácticas constantes de humillaciones, abusos sexuales e impunidad reflejada en la normalización de dichos actos, por la comunidad espectadora y por su ejercicio en espacios estatales”, señala el informe.

Resalta que para ellas, muchas de las zonas de inseguridad se encuentran cerca de los puntos con presencia estatal como la DIAN y Migración Colombia.

El Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander, recomienda en su informe reconsiderar la actual política antinarcóticos del Estado colombiano, pues estima que su fracaso se evidencia en la fuerza del narcotráfico en la zona. Las economías criminales tienen una relación directa con los sufrimientos expuestos por las mujeres, en razón de que exhiben su letalidad a través de la destrucción, propiedad y control de sus cuerpos.

Incluso, el observatorio va más allá de la investigación y recomienda al Estado colombiano una nueva política migratoria, en la que las migrantes tengan posibilidades de establecer rutas de regularización permanentes y asequibles que permitan el acceso a documentos formales por ser la primera y más persistente barrera a ofertas laborales y garantías de sus derechos.