En estas circunstancias, Venezuela es un país sin ley, donde avanzan el despotismo y el totalitarismo. No son estos planteamientos novedosos. Ir a un tribunal a solicitar justicia es medirse más bien política y económicamente. Estrictamente en ese orden. El despojo ha sido no sólo de bienes, de tierras, de libertades, también de ordenamiento y especialmente se ha quebrantado también el ordenamiento jurídico.
El Tribunal Supremo de Justicia del otro Estado se reúne, si continúa existiendo, fuera del país. Pero el tinglado de ese Estado no es pleno. Esto se puede entender con facilidad, debido a las circunstancias. Sin embargo, no deja de generar arduos problemas; algunos de magnitud, de trascendencia social, política y legal, también se generan otros problemas estrictamente personales o institucionales que no trascienden tan efectivamente. Por ejemplo: ¿Quién “paga” en la administración pública? El régimen desconocido. Aquel al que juramos despreciar y que carga con el desprecio y el desconocimiento del mundo. Cuando deja de atender obligaciones como cancelar los sueldos o cubrir la protección social, como ha ocurrido y ocurre, por ejemplo en las universidades, o decide tablas de remuneraciones por debajo de lo establecido en las leyes, la constitución o los acuerdos internacionales, ¿a dónde acude uno?
Me ha resultado contradictorio, incoherente, desde la jura a la que los demócratas acudimos por un gobierno interino y en respaldo de la Asamblea Nacional legítima y reconocida por la mayor cantidad de países del mundo, recurrir en demandas o vociferaciones laborales a un ministerio, a un ministro, a un ente “oficial” del régimen del terror, el de Maduro, se entiende. Pero es ese el que hace que paga. Cuando me han convocado, esto lo hacen con frecuencia mis amigos luchadores del magisterio, a protestar a un ministerio, me he negado a ir. Es como decir: te desconozco pero a la vez te reconozco. La contradicción en pinta.
En este momento, peliagudo en la Universidad Simón Bolívar a raíz de la muerte del rector la pasada semana, una de las propuestas del representante del régimen en el Consejo Directivo, con toda su malvada ntención, ha sido que recurramos a los tribunales quienes no estamos de acuerdo, no suscribimos ni aceptamos como buena la decisión de sustituir así a nuestro ilustre rector fallecido. ¿Ir a sus tribunales? Ni hablar. Gasto inútil de energías, de pensamiento, de dinero que no abunda. Y surge otro planteamiento: según la ley la designación corre por cuenta directa y tipificada del Consejo Nacional de Universidades. Volvemos a la incoherencia establecida y obligada. ¿A quien se le solicita la designación? ¿A quien se le reclama la omisión de la designación? ¿Hay un ministerio y/o un Consejo Nacional de Universidades del interinato? No. Ese mismo interinato designó representantes de la Asamblea Nacional en ese Consejo. Y los rectores de las universidades autónomas y experimentales a las que el régimen aborrece y quiere destruir, acuden a ese CNU por la sencilla razón de que no hay otro Y es el que “sostiene” las universidades. Aunque a ninguna ha llegado el dinero de este año, por ejemplo, y piden clases presenciales cuando ni virtuales puede haber.
Ante la obligación de la incoherencia, no queda más que acudir al único ente facultado por la ley para designar a un rector encargado de suplir la ausencia de un rector fallecido. No queda sino por carambola reconocer al ente, al ministerio y al ministro, o, lo que es lo mismo, también por carambola, a regañadientes, con rabia, reconocer a Maduro obligado y mínimamente. En verdad, lo que nos ocurre en Venezuela es un desastre de grandes, enormes, proporciones. Tenemos que, de manera impuesta, reconocer hasta lo inaceptable. Eso también es humillante.