Joselín Bejarano quien está detenida en la Policía Municipal de Freites (Polifreites) del estado Anzoátegui, denunció ante la Fundación de los Derechos Humanos (FDDHHANZ) que el 25 de mayo fue operada de cesárea para recibir a su bebé y durante su embarazo ya estaba en espera del beneficio de apostamiento policial.
Manifestó que un día después de la intervención médica le dieron el alta médica junto a su neonato y los trasladaron a la “cuadra femenina”, un espacio del cuerpo de seguridad en el que está a solas con su hijo, pero permanentemente entran y salen personas para guardar colchonetas en “no muy buen estado”.
“En este sitio el agua se filtra por las paredes cuando llueve y también hay un baño común que, por la falta de higiene y su uso recurrente, tanto mi bebé como yo estamos expuestos a contagios e infecciones. No entiendo por qué se han tardado tanto para que me den un papel”, reclamó.
El director institucional de la Organización No Gubernamental (ONG), Alcides Magallanes, destacó que esta situación ya había sido alertada ante la Defensoría del Pueblo por parte de la Fundación de los Derechos Humanos de Anzoátegui para que ejecute de una vez por todas, pero hasta ahora no hay respuesta, motivo por el cual también es de conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos nacional.
Reiteró que es vital que los tribunales no sigan apostando al retardo judicial y responsabiliza al sistema judicial de lo que pudiese ocurrirle a la imputada y al recién nacido.
Recordó que no se está garantizando la salud de los involucrados, se está violando el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 44 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.
Asimismo, finalizó manifestando que el caso será denunciado en la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas.
Nota de prensa