Amnistía Internacional presentó nuevo informe sobre ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela

Fotografía de una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) el 4 de agosto de 2020 en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R.

 

 

 

Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante el año 2020. En el capítulo sobre Venezuela, la organización destacó que se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad a lo largo del año.

Además, quienes criticaban las políticas del régimen, como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la política, fueron objeto de medidas represivas que incluían la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria.

– Lo que se documentó sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales:

“Siguieron recibiéndose informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las FAES de la Policía Nacional Bolivariana y el CICPC”.

– Lo que se documentó sobre denuncias de detenciones arbitrarias:

“La detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia. Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, hasta octubre se habían registrado 413 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Este tipo de detenciones había aumentado tras la declaración en marzo del estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19 (…) Continuaron la práctica de la desaparición forzada, los periodos de detención en régimen de incomunicación y el aislamiento en las etapas iniciales de la reclusión (…) Los congresistas Renzo Prieto y Gilber Caro, detenidos por las FAES en marzo de 2020 y diciembre de 2019, respectivamente, sufrieron largos periodos de aislamiento y detención incomunicada”.

– Lo que se documentó sobre denuncias de tortura y otros malos tratos:

“Continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias. La OACNUDH documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual (…) Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, que quedaron impunes.”

– Lo que se documentó sobre denuncias de uso excesivo de la fuerza:

“El uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía, el ejército y los grupos armados contra manifestantes seguía siendo generalizado. Las autoridades no tomaron medidas significativas para impedirlo”.

– Lo que se documentó sobre denuncias de impunidad:

“La impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional seguía siendo la norma”.

– Lo que se documentó sobre denuncias de juicios injustos:

“Seguían utilizándose juicios injustos para criminalizar a quienes mantenían opiniones distintas a las del gobierno de Maduro. Continuó el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles o personal militar retirado”.

– Lo que se documentó sobre el escrutinio internacional:

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro por eludir el escrutinio del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó durante el año siete medidas cautelares en favor de personas en Venezuela. Continuó el monitoreo de la situación del país a través de MESEVE creado por la Comisión Interamericana. La OACNUDH mantuvo un equipo de dos oficiales en el terreno, y en septiembre anunció el refuerzo de su presencia en el país y se comprometió a que tres procedimientos especiales visitarían Venezuela en 2021.

– Lo que se documentó sobre la represión de la disidencia:

“La política de represión para acallar la disidencia y controlar a la población continuó y se intensificó durante la pandemia de COVID-19 y en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de diciembre. Los miembros de la Asamblea Nacional sufrían un patrón de represión que incluía la detención arbitraria, el uso indebido del sistema de justicia y las campañas difamatorias”.

– Lo que se documentó sobre la libertad de reunión:

Las restricciones a la libertad de reunión pacífica y de asociación seguían siendo práctica habitual.

– Lo que se documentó sobre la libertad de expresión:

“Se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas.Muchos de ellos tuvieron lugar después de que en marzo se declarara el estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19”.

– Lo que se documentó sobre defensores de los derechos humanos:

Las defensoras de los derechos humanos siguen sufriendo amenazas y estigmatización en el ejercicio de su labor (…) Hubo profesionales de la salud y periodistas que informaban sobre la pandemia de COVID-19 que sufrieron hostigamiento y amenazas. Algunos fueron acusados de incitar al odio”.

– Lo que se documentó sobre los derechos de las personas refugiadas solicitantes de asilo y migrantes:

“El número de personas venezolanas refugiadas y migrantes que huían a otros países en busca de protección internacional seguía aumentando, y llegó a 5,4 millones al concluir el año”.

– Lo que se documentó sobre la emergencia humanitaria:

“La emergencia humanitaria continuó y se intensificó. Las condiciones imperantes, como la constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos, se vieron agravadas por la COVID-19 y dificultan seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia (…) A pesar de la recomendación de la OACNUDH y la insistencia de la sociedad civil, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU no obtuvo autorización para acceder al país”.

– Lo que se documentó sobre los derechos de las mujeres:

“Las brechas de género, ya agravadas por la compleja emergencia humanitaria, se vieron exacerbadas por la COVID-19”.

– Lo que se documentó sobre el derecho a la salud:

“Los servicios de salud continuaron deteriorándose. La escasez de medicamentos básicos, que resultaban inasequibles para la mayor parte de la población, se intensificó”.

– Lo que se documentó sobre el derecho al agua:

“Los problemas de suministro de agua potable y servicios de saneamiento continuaron y se agravaron, lo que afectaba a las condiciones de vida y elevaba el riesgo de contagio de COVID-19”.

– Lo que se documentó sobre las condiciones de reclusión:

Persisten las muertes bajo custodia y la ausencia de investigaciones al respecto.

– Lo que se documentó sobre los derechos de los pueblos indígenas:

“Los derechos de los pueblos indígenas seguían viéndose gravemente afectados por la minería ilegal practicada en el Arco Minero del Orinoco y otras partes del país”.