Los síntomas de la muerte de nuestro país son cada vez más terminantes. El informe de coyuntura del Instituto de Estudios Económicos de la UCAB de septiembre estima una caída de la actividad económica para este año del (-) 30%. 2020 será, por tanto, el séptimo año seguido de fuerte contracción, algo nunca visto en un país que no haya estado en guerra. Con esta caída, el PIB de Venezuela se aproxima a la cuarta parte de lo que era en 2013. La destrucción de la actividad petrolera – en los últimos tres meses se produjeron menos de 400.000 barriles diarios, cuando en 2013 la cifra estaba en torno a los 2,8 millones–, junto al derrumbe de la economía doméstica y el cierre de los mercados financieros internacionales, obliga al régimen a cubrir sus gastos con emisión monetaria. Así, perpetúa las presiones inflacionarias y reduce, aún más, el poder adquisitivo de las remuneraciones. El salario mínimo se acerca, hoy, a solo dos dólares mensuales (¡!). Y, con el colapso de los servicios públicos, de la banca y de la extrema vulnerabilidad del país ante la pandemia del Covid-19, no puede prevalecer sino la miseria, el hambre y la muerte para todos aquellos que no tengan acceso a las divisas.
Esta oclusión –insistimos– no es por efectos de una guerra o de un cataclismo natural; se acaba con el país a conciencia. Los que comandan las decisiones del Estado deliberadamente ignoran los clamores por un cambio de políticas, ya que implicaría desmantelar el régimen de expoliación que han instalado, fuente de sus fabulosos beneficios personales y de su poder. Son los verdugos de Venezuela.
En entregas anteriores hemos reseñado, brevemente, dos de sus componentes principales: una cúpula militar podrida que extiende sus tentáculos por el cuerpo económico y social; y quienes, desde los altos mandos del gobierno, articulan los procesos de depredación, valiéndose del comprobado modelo de dominación de los cubanos. En la presente reseña, vamos a comentar uno de los estamentos más perversos de este esquema de dominación, el constituido por quienes se prostituyen, una y otra vez, en procura de tramarle visos de legalidad a los delitos cometidos contra la nación y sus pobladores: los integrantes del tribunal supremo de “justicia” (tsj), cabrones del régimen[1].
Luego de la sentencia que absolvió al alto mando militar que desobedeció la orden de Chávez de ejecutar el “Plan Ávila” en contra de los manifestantes del 11 de abril, 2002, éste se propuso acabar con la independencia del poder judicial y ponerlo a su servicio. A través de cambios sucesivos de la ley, pudo llenar el tribunal supremo con partidarios. Hizo que se abandonaran los concursos para designar jueces, con lo que la inmensa mayoría de estos fueron designados provisionalmente, quedando vulnerables a las presiones del ejecutivo. Progresivamente, los fue convirtiendo en la versión criolla de “los juristas del horror” que documentara Ingo Müller[2] bajo el nacionalsocialismo: a los señalados como enemigos se les detiene y luego se inventa el delito con el cual inculparlos. El juicio contra Leopoldo López en 2014, que lo condenó a 13 años de cárcel –montado por la jueza Barreiros– es muestra de este sicariato judicial.
Maduro ha profundizado esta prostitución de jueces, pero ha puesto el acento en un aspecto todavía más pernicioso: “legalizar” la violación abierta del orden constitucional. Ante los resultados electorales del 6 de diciembre de 2016, que les otorgó mayoría calificada a las fuerzas democráticas en la Asamblea Nacional (AN), la Asamblea saliente, en manos chavistas, designó tramposamente a trece magistrados del tsj, para acentuar su rol como instrumento de los designios fascistas. En efecto, el artículo 263 de la constitución señala que para ocupar esos cargos se requiere, entre otras cosas, “ser jurista de reconocida competencia … haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.” Ninguno de los nuevos integrantes cumplía con estos requisitos.
Este poder judicial abyecto pasó a anular la votación de los cuatro representantes del Estado Amazonas y de la comunidad indígena[3], inmediatamente después de haber tomado posesión la nueva AN en enero, 2016. Adujo –sin prueba verificable— que se había cometido fraude. Con ello, las fuerzas democráticas perdían su mayoría calificada[4]. Cuando la AN intentó valer los derechos del electorado de Amazonas, el tsj dictaminó que estaba en “desacato”. Ello sirvió de excusa para declarar nulas todas las decisiones del legislativo tomadas con la participación de los cuatro diputados. Tampoco permitió convocar nuevas votaciones para que las comunidades indígenas y el Amazonas ejercieran su legítimo derecho a elegir sus representantes a la AN. Este bufete de Maduro terminó anulándole a la AN todas sus prerrogativas constitucionales, desconociendo las leyes que aprobaba, sus potestades para interpelar y sancionar a funcionarios públicos, para aprobar el presupuesto de la nación y los créditos adicionales, autorizar convenios de interés nacional, como las giras presidenciales a otros países, y para participar en la designación de otros poderes públicos. Es decir, vació al Poder Legislativo de sus responsabilidades.
Su Sala “Constitucional” (¡!) ha venido renovándole a Maduro un Estado de Excepción, sin que lo autorizara la AN (Art. 337[5]). Asimismo, aprobó sus presupuestos y solicitudes de créditos adicionales, hasta que la relevó de estos desafueros la asamblea constituyente fraudulenta. El abuso del tsj llegó al extremo de aprobar las sentencias, 155 y 156, para arrogarse las potestades constitucionales de la AN, alegando que todavía continuaba en “desacato”. La objeción de la Fiscal General de entonces, Luisa Ortega Díaz, llevó al órgano a desdecirse al día siguiente (sentencias 157 y 158), contrariando su propia ley, pues sus sentencias (firmes) no pueden ser modificadas. Validó, luego, la “elección” a una asamblea constituyente, a pesar de que violaba los artículos 63, 347 y 348 de nuestra Carta Magna, y también la farsa montada para “relegir” a Maduro en 2018. Ambas “elecciones” se realizaron con notorio ventajismo, un CNE parcializado, sin auditar el registro electoral y con dirigentes democráticos inhabilitados y perseguidos. En fin, el tsj ha sido el ariete para derribar todas las previsiones constitucionales, desde el artículo 5º en adelante, diseñados para garantizar el ejercicio pleno de la voluntad popular.
Tal celestinaje para con el fascismo en sus atropellos contra el Estado de Derecho, convierte al tsj en una deplorable ratonera que, de manera vergonzosa, niega los derechos humanos establecidos en la Constitución. Su felonía y traición a su misión está en la base de las terribles condiciones de injusticia imperantes en Venezuela, que llevó a una misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a señalar, recientemente, la perpetración de delitos de lesa humanidad por parte del gobierno de Maduro.
Con Chávez, la alcahuetería del tsj era premiada, entre otras cosas, con fabulosos sueldos. Hoy, con la ruina provocada por las mafias depredadoras, no tengo la menor duda que muchos magistrados se recompensan siendo sus cómplices. El presidente actual de esta ratonera, Maikel Moreno, tiene una denuncia en su contra por parte del Depto. de Justicia de EE,UU. por lavado de dinero. Se ofrecen USD 5 millones por su captura. Según Wikipedia[6], fue acusado por homicidio en Ciudad Bolívar en 1987 y pasó preso dos años. Participó, luego, en el asesinato de Rubén Gil Márquez, pero obtuvo otro beneficio procesal. Los magistrados Christian Zerpa y Calixto Ortega, siendo diputados por el PSUV, votaron por si mismos para integrar el máximo tribunal. Indira Alfonzo Izaguirre, hasta hace poco vice-presidente del tsj, además de ser una de las ponentes que suspendió la proclamación de los cuatro diputados por el estado Amazonas y la que anuló las elecciones estudiantiles de la de Carabobo en 2018, ganadas por las fuerzas democráticas, es nombrada por el tsj presidente del CNE, alegando “omisión legislativa” de la AN, ente que había adelantado los procedimientos constitucionales correspondientes.
En fin, estamos ante la expresión más descompuesta y rastrera de los parásitos que han condenado a muerte al país. Sin principios, sin fines, y sin nada en el medio que no fuese su despreciable intención de agradar a los agentes cubanos y a los militares corruptos en su cruzada destructora.
[2] Müller, Ingo (2006), Los juristas del horror. La “justicia de Hitler: el pasado que Alemania no puede dejar atrás, Editorial Actum, Caracas.,
[3] Estos diputados ya habían sido proclamados por el CNE, máxima autoridad electoral, por lo que se violó el artículo 200 de la Constitución, que otorga inmunidad a los parlamentarios desde el momento de su proclamación.
[4] La mayoría calificada permitiría someter a referendo proyectos de ley o tratados internacionales; aprobar leyes orgánicas y leyes habilitantes; remover al vicepresidente ejecutivo o a un ministro, luego de haber sido condenado por un voto de censura; separar a diputados de sus funciones; suprimir comisiones permanentes; remover magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); escoger al titular de órganos del llamado Poder Ciudadano; designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral; e iniciar un proceso de reforma de la Constitución, con la convocatoria a una Asamblea Constituyente, además del resto de las atribuciones del cuerpo legislativo nacional, contempladas en el artículo 187 de la Constitución. La mayoría calificada de diputados demócratas permitiría, por tanto, restablecer el equilibrio de fuerzas entre Legislativo y Ejecutivo, que se había ido minando desde comienzos del gobierno de Hugo Chávez.
[5] Dura 60 días y puede renovarse una sola vez, con autorización de la Asamblea. alegando una emergencia económica.
[6] https://es.wikipedia.org/wiki/Maikel_Moreno
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