El afán de realizar elecciones parlamentarias que, ciertamente, en circunstancias normales, están previstas constitucionalmente en la fecha anunciada del 6 de diciembre de 2020, “llueva, truene o relampaguee”, es una justificación acomodaticia, un formalismo utilitario del régimen usurpador para aferrarse al poder a cualquier precio. Pese a las condiciones generadas por la pandemia de covid 19, las carencias y el colapso crecientes de todos los servicios públicos, Maduro y sus cómplices pretenden “recuperar” y dominar el poder legislativo a favor del chavismo, con los “alacranes” y la “falsa oposición” de farsantes, sumisos y oportunistas, a cambio de unas monedas, cuales Judas Iscariote al traicionar a Jesús y llevarlo al suplicio de la crucifixión.
Se apoyan, además, en el soporte y la tensión geopolítica derivada principalmente de una nueva “guerra fría” contra las democracias maduras de Occidente y sus líderes mundiales, en especial Á. Merkel y D. Trump. El respaldo de los regímenes antidemocráticos más abominables del planeta, entre los cuales Irán, Rusia, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Siria y Turquía, además de China, ha convertido al régimen madurista en una amenaza regional. No importa el contenido de ninguno de los desgarradores informes que la camarilla que domina el poder en Venezuela descalifica e ignora sistemáticamente. No solo el más reciente, que identifica, con nombres y apellidos, a los más destacados personeros de la actual dictadura entre los indiciados de cometer, como política de Estado, crímenes de lesa humanidad. Son 343 páginas, rigurosamente documentadas y con detalles escalofriantes, de un equipo independiente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
También hay informes anteriores, como el de HRW, la OEA, o el de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH. Todos narran con pruebas contundentes las reiteradas y atroces violaciones a los más elementales derechos de los venezolanos, no solo de adversarios políticos o meros “sospechosos”, sino de personas inocentes a las que asesinan para “llenar” la cuota de “falsos positivos” exigida a las fuerzas de seguridad y exterminio del régimen. Estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y no prescriben.
Grupos irregulares y terroristas al margen de la ley, como el ELN, las FARC disidentes, Hezbollah, Hamas y bandas delincuenciales organizadas como “colectivos”, grupos paramilitares de carácter criminal que son brazos armados del régimen, se disputan los fragmentos en que han convertido el territorio nacional. No les importa el sufrimiento, las matanzas, las torturas y mutilaciones de quienes no se pliegan a sus designios depredadores y sangrientos. Se lucran de la expoliación y saqueo de recursos naturales valiosos y estratégicos, sin importar cuánta destrucción provoque, ecológica, humana, social o económica.
En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 para escoger a los 167 Diputados de la Asamblea Nacional, las fuerzas políticas aglutinadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganaron más del doble de diputados, 109, mas 3 de representación indígena, frente a 55 del oficialismo, electos por 14 millones de ciudadanos. Surgió la esperanza de lograr un cambio pacífico en el país, pese al ventajismo, violaciones a las leyes electorales y a la Constitución vigente, obstáculos y abusos de poder. Al cambiar la correlación de fuerzas a favor de la oposición, se pensó que iba a ser posible una transición en un sistema competitivo y democrático de alternabilidad, división de poderes y gobernanza.
Acostumbrado a un poder omnímodo, la inesperada derrota electoral fue una debacle para el gobierno de Maduro: “una bofetada para despertar”. Heredero del poder que el difunto Chávez había ganado en las elecciones en 2012 mediante interpretaciones elásticas de la Constitución bolivariana, Maduro no terminaba de aceptar la pérdida de la hegemonía chavista ¿Cuál iba a ser la reacción del gobierno? ¿Qué riesgo habría de ingobernabilidad? ¿Habría posibilidad de negociación con los sectores más radicales?
Aunque se mantuvo en la presidencia de la república, con mucho poder, pues el ejecutivo controlaba los poderes públicos, en especial el Tribunal Supremo de Justicia que podía declarar inconstitucional cualquier legislación contraria al proyecto chavista, ni Maduro ni el oficialismo estaban dispuestos a un reequilibrio de los poderes del Estado. Pusieron en marcha varias estrategias de neutralización y persecución sistemáticas contra la Asamblea Nacional y sus integrantes para impedir el cumplimiento de sus funciones y competencias. El resultado ha sido en la práctica la disolución del Parlamento.
Lo demás, ya lo conocemos y lo hemos sufrido de manera trágica, en detrimento de la mayoría, cada vez peor en todos los ámbitos. Fue eliminar casi de inmediato la representación legítima del estado Amazonas a fin de impedir el ejercicio de una mayoría calificada de la AN, o la declaración de un “desacato” inexistente, imposible de conciliar con un órgano jurídico de igual rango que el poder judicial. Han sido la persecución, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, encarcelamiento sin debido proceso ni derecho a la defensa, brutal represión y homicidios a mansalva de muchos jóvenes en manifestaciones pacíficas de protesta, además de la concentración del poder con un manejo asfixiante de la economía y la indolencia en el mantenimiento de la infraestructura. Han sido la destrucción del aparato productivo, el empobrecimiento masivo de la población y el colapso total de los servicios públicos.
Es imperiosa la postergación de las elecciones parlamentarias anunciadas para el próximo 6 de diciembre para cumplir por conveniencia un mandato constitucional que fue violentado sin pudor con la extemporánea e ilegítima elección presidencial del 20 de mayo de 2018 o con la elección inconstitucional de una asamblea nacional constituyente sin cumplir ninguno de los requisitos establecidos en la Carta Magna. No hay condiciones mínimas para la realización de un proceso electoral “creíble y democrático”, según el informe presentado el 2 de julio pasado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
No hay credibilidad para unas elecciones libres, transparentes y legítimas. Lo que corresponde es una negociación para que abandonen pacíficamente el poder Maduro y sus funcionarios y cese la usurpación por parte de un régimen indolente e incapaz que desmanteló el servicio público nacional de salud, hoy en medio de una pandemia fuera de control, que usurpa el Estado y que boicotea los proyectos y programas del legítimo gobierno interino para afrontar la crisis humanitaria compleja que asola el país. Urge constituir un gobierno de entendimiento y emergencia nacional para la transición que prepare verdaderas elecciones para la presidencia de la república y la AN a fin de restaurar el hilo constitucional.
A cambio del poder, Maduro y sus cómplices han consumado la repartición del territorio nacional y la desintegración del Estado venezolano a favor de sus aliados internacionales y grupos fuera de la ley. Con las elecciones parlamentarias, pretenden apoderarse de los activos que el único poder legítimo existente en Venezuela ha logrado proteger del saqueo continuado de la camarilla militar civil dominante al servicio de los regímenes forajidos que la apoyan y del crimen organizado transnacional.