El pasado 2 de agosto de 2020, las 27 principales organizaciones políticas democráticas de Venezuela expresaron su rechazo al fraude electoral que el régimen de Nicolás Maduro ha convocado a celebrarse en diciembre del presente año. Esta expresión ha sido respaldada por la legitima Asamblea Nacional en sesión en línea mediante un acuerdo y han exhortado a los sectores de la sociedad venezolana a unirse a fin de lograr que prevalezca la verdadera expresión de la voluntad de cambio por lo que se ha consolidado un gran pacto unitario por la democracia y la libertad, que servirá de punto de encuentro y entendimiento nacional para el rescate de la democracia, recuperar la libertad y el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela través de la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional.
El régimen de Nicolás Maduro se sostiene por la cúpula de poder interno que domina las Fuerzas Armadas y por quienes se hacen llamar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y en la realidad han manchado la solemnidad de dicha institución. La coyuntura de Crisis Humanitaria Compleja se ha agravado por la llegada de la pandemia del COVID-19 a Venezuela; acuerdo con el Presidente Nacional de la Academia de la Medicina, los casos de COVID-19 reportados por el régimen deben ser multiplicados por 10 o por 15 para obtener un número verdaderos aproximados de contagios y según estudios predictivos de la Academia Nacional de Ciencias Naturales y Matemáticas durante los meses de agosto y septiembre habrá un crecimiento exponencial de contagios. Este panorama que se recrudece diariamente, por lo que se ha trabajado en acciones para el avance a la conquista de la libertad y la democracia, algunas propuestas llevadas al marcador político democrático se plantean a continuación:
El pacto unitario por la libertad y la democracia debe tener una conducción dirigida hacia estos tres ejes principales:
Eje de Unidad política: Coordinar acciones del pacto unitario.
Eje de Unidad social: Organizador e integrador de los sectores sociales.
Eje de Movilización y acciones.
La Constitución Nacional en el artículo 70 establece los medios de participación ciudadana directa de ejercicio de la soberanía en el carácter político, entre ellos la asamblea de ciudadanos, la cual podría tener carácter vinculante. Además, el Estatuto de la Transición invoca los artículos 333 y 350 por ser fundamental el acompañamiento ciudadano para el restablecimiento de las instituciones corrompidas, expresando en el artículo 16.6 de los Estatutos que la articulación de acciones con la sociedad civil puede rescatarse la soberanía popular usando mecanismos de participación que legitime un proceso de transición. La AN tomando como iniciativa la asamblea de ciudadanos, puede aprobar los términos de su ejecución, como la cuota mínima necesaria de participación y las garantías de que tenga un efecto constitucional. Es importante la incorporación de los venezolanos en el exterior a que participen en estas asambleas de ciudadanos.
Se propone una consulta con carácter vinculante por medio de las asambleas ciudadanas. La celebración de una consulta estaría establecida para la convocatoria de unas elecciones presidenciales y parlamentaria y se consideraría como elemento innovador y compensatorio la implementación de la votación electrónica, también llamada I-voting como alternativa la utilización de los medios de tecnología información y comunicación para la realización de una consulta electrónica desde cualquier lugar y a través de cualquier herramienta tecnológica inteligente. Este sistema además cumple con los tres puntos básicos: Garantizar el voto universal, libre, igual, secreto y directo, lograr una mayor participación ciudadana y asegurar la transparencia del proceso electoral.
Considerando el trabajo presentado por la organización Human Right Foundation ante Comisión de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogado sobre la injerencia del régimen en la decisiones del TSJ y otra serie de elementos probatorios usados para construir un informe desde la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, se propone recurrir instancias internacionales para obtener una declaratoria por parte de organizaciones como puede ser OEA, Comisión Interamericana de Derecho Humanos, Grupo de Lima, entre otros, sobre la toma del TSJ como una organización criminal.
Debemos aprovechar los recursos tecnológicos que disponemos y del recurso humano especializado en formas efectivas y eficaces de hacer un activismo que aprovechando las herramientas y espacios digitales podamos generar los vínculos con el ciudadanos con el fin de establecer un compromiso de participación del mismo ante escenarios reales esenciales para concretar las acciones de calle. .