Con la rodilla sobre la cabeza. Así fue como una funcionaria de la Guardia Nacional venezolana contuvo a la abogada Eva Leal este martes en el sector Puente Macuto, de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, cuando se negó a pagar un soborno para transitar con su vehículo después de la hora permitida durante la “cuarentena radical” impuesta por Nicolás Maduro.
Un video registró cómo la teniente María De los Ángeles Palmera agarró a Leal por el cabello y le quitó su teléfono para borrar el material que había grabado. Tras una discusión, la oficial llevó a la abogada al suelo, donde la mantuvo contra el asfalto usando sus piernas, para luego llevársela detenida y ponerla a las órdenes de los tribunales militares.
Así, y gracias al registro de un ciudadano, quedó una vez más demostrado que en Venezuela prevalecen el uso excesivo de la fuerza, la vulneración al derecho a la vida, el maltrato, la agresión y la extorsión por parte de los cuerpos de represión del régimen.
Públicamente, estos son los testimonios que sustentan los cientos de casos venezolanos expuestos ante la Corte Penal Internacional, así como las múltiples denuncias lideradas por distintas organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos que insisten en la violación sistemática de las garantías fundamentales de los venezolanos. Abusos de este tipo no son casos aislados, ni son el resultado de excesos por parte de funcionarios insubordinados, son parte de una política.
El caso de Eva Leal, así como el Marvinia Jiménez (2014) y tantos otros nombres que engrosan los expedientes contra el sistema criminal que usurpa el poder, constituye una vulneración más a nuestra Constitución y los principios fundamentales que garantizan la vida y la dignidad de los ciudadanos de este país.
Se trata, una vez más, de un hecho repudiable por parte de quienes tienen el monopolio de las armas y que hoy se exceden para imponer el control que ejercen bajo la excusa de una pandemia por Covid-19.
En este sentido, hacemos un llamado al gremio de abogados a pronunciarse y rechazar estos hechos, pero también a cada venezolano de bien que ha sido víctima de esta agresión constante y que se niega a permitir la continuidad de esta vulneración. Asimismo, instamos a la comunidad internacional a considerar esta denuncia y a repudiar públicamente estos hechos, muchos de los cuales se desconocen o no tienen igual visibilidad.
Acciones como estas demuestran la vocación de los cuerpos de represión del Estado que arremeten contra la ciudadanía, atropellan las libertades y derechos individuales, evidenciando la inexistencia del Estado de Derecho y el sentido de justicia.
Nota de prensa