El día 25 de mayo de 2020, Tarek William Saab, nombrado Fiscal General de la República por el régimen de la usurpación de Nicolás Maduro Moros, interpuso un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ante la Sala Constitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Tal recurso, tendría además por petitorio declarar a la organización Voluntad Popular como “organización criminal con fines terroristas”, y que “sea disuelta en razón de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones”.
Esta medida, que no nos resulta sorpresiva pues se enmarca en una histórica y reiterada practica del régimen de utilizar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el terreno de la política, no hace sino abundar en el prontuario de violaciones de Derechos Humanos que ha cometido el gobierno de facto. Una vez más, el régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela muestra su talante más marcadamente antidemocrático y despótico, pretendiendo criminalizar por la fuerza la existencia de corrientes políticas que le son adversas, pervirtiendo recursos jurídicos para convertirlos en armas de represión, y ahondando en la crisis política y social que hoy diezma la calidad de vida de los venezolanos.
El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas manifiesta su categórico rechazo y denuncia el hostigamiento que ha emprendido el régimen de facto de Nicolás Maduro contra los partidos políticos, bajo la forma de restricciones a la participación en procesos electorales, estigmatización, ilegalizaciones, y persecución judicial y política a sus miembros, en los mejores de los casos; y torturas y asesinatos – recordemos a Fernando Albán –, en los más grotescos. Con esta solicitud de disolución del partido Voluntad Popular – enmascarada en recurso de interpretación – repleta de propósitos vejatorios y calumniosos, cuya respuesta es más que evidente, se violan los derechos a la participación en asuntos públicos, a la libre opinión y asociación, al honor y a la garantía de debido proceso; al igual que libertades y garantías democráticas consagradas en nuestra Constitución.
Por ello, este Comisionado, denunciando la conducta persistentemente violatoria de los Derechos Humanos del regimen de facto, se suma a los llamados realizados por el Comisionado Presidencial para Relaciones Exteriores , el Secretario General Nacional de Acción Democrática , el partido COPEI , el ex Secretario General de la Mesa de la Unidad Democrática , el partido Un Nuevo Tiempo, el partido Primero Justicia, el partido La Causa R la Presidenta del partido Encuentro Ciudadano , y el Frente Amplio de Mujeres por Venezuela , en inequívoco rechazo al continuo amedrentamiento del régimen usurpatorio en contra de los partidos políticos en Venezuela.
En virtud de las consideraciones previamente expuestas, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas ha elevado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y sus diferentes mecanismos para que se pronuncien sobre los hechos objeto de este pronunciamiento oficial.