¡Salvase quien pueda!
En buena parte, parece ser la expresión dominante en el sector privado de la industria manufacturera en Venezuela, sentimiento que se extiende a todas las cadenas productivas del país. La avasallante y despiadada política económica del Socialismo del Siglo XXI, definida en el Plan de la Patria del Gobierno Nacional, se ha enfocado en el desplazamiento de la participación del sector privado, en las actividades económicas productivas del país, por la presencia ominosa del Estado venezolano en dichas actividades. Los resultados son elocuentes: todas las actividades económicas, desde el año 1999, bajo el mando del estado en Venezuela, han fracasado rotundamente; el PIB per cápita en 2018 será aproximadamente 50% inferior al año 2013, mientras que el PIB agrícola y pecuario será apenas el 25%, es decir, una disminución del 75%, para el mismo período. Por tanto, no es de extrañar los niveles de pobreza de Venezuela que rondan el 90% de la población.
Los medios de comunicación nacional recogen esta semana la huida silenciosa, pero notable, de empresas manufactureras multinacionales que operaban en Venezuela; en este éxodo de las multinacionales, se pueden mencionar empresas manufactureras emblemáticas, tales como, Kellog´s, Kimberly Clark, General Mills, Bridgestone, Cerveza Brahmma, Cauchos Pirrelli, etc.
Las investigaciones de CEDICE (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad) indican que en el período 2012-2017 el Estado venezolano se apropió de 1.400 activos, pertenecientes al sector privado, mediante los mecanismos, de iuris o de facto, de las confiscaciones, expropiaciones, ocupaciones, intervenciones y otras modalidades similares. Si a la anterior estadística, le agregamos la información de CONINDUSTRIA, para el año 1999-2011, que registra 525 hechos de apropiación de activos de empresas privadas, en total, han sido más de 1.900 confiscaciones y expropiaciones de propiedad privada, nacionales y extranjeras, en sus diversas modalidades.
El comportamiento de los estados que promueven y ejecutan políticas agresivas contra la participación de la sociedad civil, en la gestión de actividades económicas, es calificado como Estados frágiles o estados fallidos, entendiendo la fragilidad como los pésimos resultados de las políticas económicas gubernamentales sobre el bienestar económico de la población. Por ello,
según este criterio, el Estado venezolano puede ser clasificado como un estado frágil, ya que sólo ha traído desgracias y hambrunas a su población.
Los teóricos modernos de la economía institucional, tales como Daron Acemoglu, James Robinson, Marcun Olson, argumentan que en la historia de la humanidad se ha transitado, desde sus orígenes remotos, hace miles de años, por períodos de carencias de estado (ausencia del Leviatán de Hobbes), por el establecimiento de estados despóticos (Leviatán Despótico) y por estados constitucionales (Leviatán limitado o encadenado). Para la mayoría de los analistas del estado, la aparición de la obra de Hobbes “Leviatán” es la reflexión teórica sobre la entrada en la modernidad de la humanidad, la entrada en la civilización, mediante la constitución de un contrato social que le otorga poder al Estado para garantizar el orden y la seguridad de sus ciudadanos, frente a la anarquía violenta de los grupos de bandidos y guerreros que actúan a su libre albedrio.
Cuando la organización política de la sociedad se arregla en función de las mafias y grupos de bandidos, con poder armado, esta sociedad se rige por “horizontes de corto plazo”, ya que los objetivos de las bandas armadas, en ejercicio político, es obtener en el menor tiempo posible, el máximo de recursos a expoliar de la población que mora su espacio geográfico de dominio, hasta que aparezca otra banda u organización criminal que los desplace.
La aparición del Leviatán despótico es un avance con respecto a la ausencia de Leviatán, ya que, con la aparición de las monarquías (Leviatán) se garantiza, a la población de un país, la seguridad a la vida y a la propiedad frente a la violencia anárquica de las bandas criminales armadas y guerreros rebeldes. Dada la naturaleza del Rey o Monarca despótico, así será la visión de desarrollo del país, con visón u “horizonte de corto plazo” o un “horizonte de largo plazo”.
La visión o plan de desarrollo para el “horizonte de corto plazo” es un escenario de expoliación de la población, de saqueo y confiscación a la sociedad civil; por otra parte, según los autores, anteriormente señalados, el “horizonte de largo plazo” se formula para una visión del desarrollo del crecimiento económico y mejora del bienestar de la población, es un escenario de primacía de la sociedad civil en la gestión de las actividades económicas.
En cuanto a los estados constitucionales o denominados, por los autores reseñados, Leviatán limitado o encadenado, es la definición del estado democrático republicano, con división de poderes y, el establecimiento de poderes limitados a cada rama del poder republicano, mediante la constitución o acuerdo social que libremente determinen los ciudadanos de un país.
Estas constituciones democráticas republicana, no sólo limitan el poder del estado, sino que, también, establecen un conjunto de derechos ciudadanos inalienables que deben ser respetados y defendidos por el estado. Entre estos derechos ciudadanos, está el derecho a la propiedad, para cualquier ciudadano o habitante de un país. Este derecho lo protege del poder despótico de un monarca que pueda confiscar o del poder anárquico de los grupos para estatales violentos y armados. Los estados constitucionales, por su naturaleza, se definen con una visión de “horizonte de largo plazo”, que busca el mayor bienestar posible a sus ciudadanos.
La ausencia de los derechos de propiedad en un país cualquiera, mediante las diversas maneras de practicar la confiscación y/o el saqueo anárquico u organizado, es la reiteración del horizonte de las mafias y piratas en la historia de la humanidad, es la visión de un monarca despótico expoliador, es la implantación implacable del “horizonte de corto plazo” sobre unos ciudadanos
esquilmados. En esta situación, cualquier propietario privado tratará de resguardar su patrimonio a través del retiro o transferencia de su capital hacia países con estados constitucionales, o por otro lado, luchar en su país por el establecimiento de un estado “Leviatán encadenado” o estado democrático republicano.
En el caso de las empresas extranjeras que se arriesgaron a invertir en un país, bajo el supuesto de respeto de los derechos de propiedad, al percibir o constatar el desconocimiento de este derecho, no tiene para ellas algún sentido seguir operando en países de naturaleza expoliadora; estas empresas, por tanto, abandonaran el territorio de dichos países como victimas proscritas del estado expoliador.
La organización política expoliadora, en sus versiones de anarquía política (ausencia de Leviatán) o de monarquía despótica (Leviatán despótico), por ser instituciones de “horizontes de corto plazo”, jamás podrán ser el terreno fértil para la inversión productiva privada, jamás en estos regímenes el ciudadano podrá desarrollar sus mejores virtudes y potencialidades, jamás los
ciudadanos tendrán la oportunidad de escoger su mejor futuro; ante estos regímenes, lo que le queda al ciudadano es emigrar o rebelarse civilizadamente, hasta lograr un contrato social que respete los derechos ciudadanos, en especial, el derecho de propiedad y, el derecho de elegir a sus gobernantes.
Ciudadanos de Venezuela, en el mundo y en nuestro territorio, la decisión es nuestra, la voluntad de cambio también. Que Dios nos acompañe en esta nueva cruzada por la civilidad.
Marcos Morales Q.
Investigador CENDES/UCV
Profesor UCV / 8 DE JUNIO 2018