![U.S. President Donald Trump attends the National Prayer Breakfast event in Washington, U.S., February 2, 2017. REUTERS/Carlos Barria](https://gytlaw.awsve.com/wp-content/uploads/2017/02-02/2017-02-02T152801Z_1828810373_RC17E8CDE6B0_RTRMADP_3_USA-TRUMP-RELIGION.jpg?resize=640%2C427)
Un juez federal estadounidense prolongó hasta el 21 de febrero una prohibición de expulsar a personas detenidas en los aeropuertos en virtud del decreto antiinmigrantes de Donald Trump, tras los recursos presentados por varias asociaciones.
AFP
La extensión de la prohibición, efectiva desde la noche del sábado, fue decidida el miércoles por la jueza federal neoyorquina Carol Bagley Amon, según indicó la oficina del fiscal.
Las asociaciones de defensa de los derechos cívicos y de los inmigrantes, entre ellos la poderosa ACLU, afirman que, a pesar de esta decisión de la justicia, hay personas que fueron expulsadas por las autoridades estadounidenses amparadas por el decreto que prohíbe el ingreso en Estados Unidos por tres meses de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
La jueza les pidió que hicieran una solicitud formal de información sobre eventuales expulsiones, respecto a las cuales el gobierno estadounidense asegura no tener conocimiento.
Las asociaciones depositaron un primer recurso contra el decreto en los aeropuertos el mismo sábado a la mañana, después de haber sido informadas de las primeras detenciones en el aeropuerto JF Kennedy de Nueva York de ciudadanos de esos países que llegaban con los documentos necesarios para poder ingresar en el país.
Las asociaciones juzgan que es “anticonstitucional” y “discriminatorio” para los musulmanes, y “antiestadounidense”.
En la noche del sábado, mientras las manifestaciones contra el decreto se multiplicaban en varias ciudades del país, una jueza de Nueva York anunció una primera prohibición temporaria de expulsión, lo que significó una primera victoria para las asociaciones en una batalla jurídica que no es clara sobre el fondo del asunto.
Varios jueces federales tomaron desde entonces decisiones similares. El decreto es objeto de varios recursos ante la justicia en diferentes jurisdicciones.
El secretario de Justicia del Estado de Nueva York, Eric Schneiderman, se unió el jueves al reclamo de las asociaciones, subrayando que el decreto “provoca un mal profundo a nuestras familias, nuestra economía y nuestras instituciones de salud y de educación”.
“La intención del presidente Trump de discriminación contra los musulmanes es clara”, dijo el secretario demócrata en un comunicado.