En medio de un cerco judicial, con 40 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que tenían la intención de limitar todas sus funciones, la nueva Asamblea Nacional, conformada mayoritariamente por parlamentarios pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática, culminó este 15 de diciembre un año de trabajo con balance muy positivo, pues a pesar de ello continuó fortaleciendo su producción legislativa y retomó sus funciones contraloras.
Prensa Asamblea Nacional
Un total de 60 proyectos de ley debatidos en Cámara durante estos 12 meses marcan la reanudación de la función legislativa del Parlamento venezolano, bastante disminuida en los últimos cinco años anteriores. Como se recordará hasta diciembre pasado el país tenía una Asamblea Nacional dominada por el partido de gobierno (PSUV) que cerró el 2015 con apenas 2 leyes sancionadas, mientras que el 2016 culmina con 15 leyes enviadas al Ejecutivo para su
promulgación.
En la gestión pasada (2011-2015) el Parlamento se dedicó fundamentalmente a la aprobación de créditos adicionales y en promedio se aprobaban anualmente más de 130 para cubrir el exceso del gasto público nacional. Tal como lo han explicado los expertos, dicha situación es la demostración más fehaciente del uso indiscriminado que el Gobierno nacional hace de los recursos públicos.
El nuevo período parlamentario 2016-2021 se inició fortaleciendo la producción legislativa, aunque de las 15 leyes sancionadas, 11 hayan sido bloqueadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al declararlas inconstitucionales.
En opinión de algunos constitucionalistas anular atribuciones legislativas busca arrebatarle a la AN su legitimidad con el firme propósito de disolverla en la práctica.
Estatus legislativo
La promulgación de la Ley del Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados quedó a discrecionalidad del Ejecutivo para cuando, a su juicio, exista la viabilidad económica, mientras que la Ley que Regula el Uso de los Celulares en Cárceles, es la única que fue sancionada con los votos de la fracción parlamentaria del gobierno. Dicho instrumento sí fue publicado en Gaceta Oficial y por lo tanto entró en vigencia.
Las dos últimas leyes sancionadas el 30 de noviembre están a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo y se estima que tampoco les será reconocida su legalidad, pues el máximo tribunal del país mantiene la posición de que todos los actos del Parlamento son nulos desde el 28 de julio, cuando se juramentaron los diputados de Amazonas, cuya elección fue impugnada por el sector gubernamental.
Y es que aunque los tres diputados opositores de Amazonas se desincorporaron de sus cargos, ese mismo día, a través de una carta leída en la plenaria, en la cual solicitaron ser apartados de los mismos, el TSJ no quedó conforme con la forma como lo hicieron, y a través de su Sala Constitucional solicitó a la Asamblea Nacional la
desincorporación de los mismos en “un acto público”.
Este fallo advirtió a la Asamblea Nacional que aún cuando culmine el señalado desacato, todos los actos emitidos por el Parlamento en este tiempo son considerados nulos, razón por la que, al culminar esa situación deberá omitirlos y reiniciarlos para que tengan validez.
El trabajo no entró en crisis
A pesar de los obstáculos anteriores el trabajo legislativo no se detuvo y siguió su curso, tanto que una cantidad considerable de instrumento quedan pendientes para el año 2017: 32 Proyectos de Ley en Primera Discusión y 2 Proyectos de Ley en Segunda Discusión.
En 95 sesiones entre ordinarias, Especiales, Extraordinarias y Delegadas se aprobaron 281 actos de control político:
Controlando al Ejecutivo
La función de control sobre el Ejecutivo y la Administración Pública Nacional se llevó a cabo a través de debates, designación de comisiones especiales para investigar casos determinados, comparecencias e interpelaciones, votos decensura y declaratorias de Responsabilidad Política.
Entre estos resaltan la Comisión Especial para estudiar y analizar la elección realizada, en la sesión del día 23 de diciembre de 2015, de los Magistrados Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. La comisión culminó con la presentación de un informe en el que se recomienda, a la Plenaria de la Asamblea Nacional la
revocatoria de la designación.
Se argumenta que se violentaron las normas constitucionales, legales y reglamentarias con miras a alterar el proceso de selección y designación de Magistrados y Magistradas principales y suplentes y se realizaron actos dirigidos a generar vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de colocar como Magistrados y Magistradas Principales y Suplentes, a personas afectas al Gobierno Nacional.
Con la aprobación de un informe presentado por la Comisión de Contraloría se declaró la responsabilidad política de Rafael Ramírez y Javier Ochoa por irregularidades administrativas durante su gestión en la presidencia de Pdvsa.
Se dictaron votos de censura contra Rodolfo Clemente Marco Torres, Ministro de para la Alimentación por negarse a asistir al Parlamento a informar acerca de la crisis alimentaria que atraviesa el pueblo venezolano.
En cuatro oportunidades se negó la prórroga del Decreto de Estado de Emergencia Económica, solicitada por el presidente Maduro.Entre otras consideraciones se señalaba “que la solución de los graves problemas que afectan a la economía venezolana no radica en el otorgamiento de poderes exorbitantes, a un gobierno ya favorecido Estado de Emergencia Debates 59 Designaciones 6 Mensaje del Presidente de la República 1 Exhortos 14 TOTAL 281 con una enorme concentración de poderes, sino en una rectificación profunda de las políticas económicas sostenidas hasta el presente”.
La responsabilidad política al presidente Maduro fue declarada en la sesión del martes 12 de diciembre, “por la ruptura del orden constitucional en Venezuela y la consecuente crisis política, social y económica, por la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación que ha llevado a cabo”.
Vea aquí el Balance Legislativo Enero – Diciembre 2016