Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, indicó que el recurso de amparo que introdujo el Procurador General de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia es “evidencia del miedo que Nicolás Maduro le tiene el juicio político que adelanta la Asamblea Nacional”.
Nota de Prensa
“El recurso que introdujo el Procurador General de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia no tiene fundamento constitucional y es obra de un usurpador de funciones, tal como quedó demostrado en la sesión de la Asamblea Nacional del día jueves 10 de noviembre. El artículo 222 de nuestra Carta Magna establece el principio de responsabilidad política como un procedimiento sancionatorio de control parlamentario que ejerce la Asamblea Nacional sobre cualquier funcionario público. Se trata de un juicio político que el pueblo de Venezuela, a través de sus representantes, le hace a Nicolás Maduro”, indicó.
Sobre las consecuencias del juicio político, el miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia aclaró que “la responsabilidad política es una sanción moral que hace el pueblo de Venezuela y no implica la destitución del cargo. Como sanción moral tiene impacto en la legitimidad de quien ejerce el cargo y, por esa razón, Nicolás Maduro le ordenó al Procurador General de la República que acudiera al Tribunal Supremo de Justicia. El Presidente le teme al pueblo”.
“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia N° 1338 de la Sala Constitucional, de fecha 25 de junio de 2002, con ponencia del Magistrado Antonio García García, declaró lo siguiente: la responsabilidad política es imputable solo a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que son las personas que ocupan cargos de dirección política. De esta manera, cuando el órgano que declara la responsabilidad es el órgano parlamentario nacional (Congreso y ahora Asamblea Nacional) solo puede ser declarado responsable en lo político el Presidente de la Republica y los Ministros, como órganos directos que son de aquél. (…) Lo que hace el órgano parlamentario es controlar la actuación (u omisión) de quienes han resultado encargados de conducir al Estado. De modo que la constitucionalidad de este acto parlamentario es incuestionable”, precisó.
Para finalizar, el diputado Matheus señaló que “el nombramiento del Procurador estuvo plagado de irregularidades y por eso la Asamblea Nacional aprobó denunciar ante Fiscalía usurpación del cargo del funcionario público”.
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