La Venezuela de nuestros tiempos atraviesa momentos insólitos. Por donde quiera que asomemos la cabeza observamos hechos raros, asombrosos y absurdos. No hay lugar en la vida del venezolano donde no ocurran episodios que rayan en lo extravagante.
Un país al son de una melodía que no tiene fin ni sus notas armonizan, difícilmente pueda aspirar a convertirse en una nación prospera y enrumbada por caminos del desarrollo para proveer a sus habitantes el bienestar que con razón anhelan y aspiran.
Cada vez menos cosas nos amarran a la patria: como criticar a quienes buscan mejores horizontes en otras naciones cuando la que los vio nacer no le proporciona seguridad alguna: la seguridad alimentaria antes existente y ahora precaria y desaparecida; la posibilidad de superación económica y social gracias al esfuerzo y al estudio, dejó de ser una posibilidad; emprender en actividades comerciales e industriales se ha convertido en un riesgo en un país donde la propiedad privada depende del capricho del gobernante de turno; la vida, principal patrimonio individual, está cada vez más amenazado. ¿Cómo decirle no te vayas a quienes tienen la posibilidad de hacerlo? Y, además, quienes han emigrado, según investigaciones de algunos venezolanos, les está yendo bien.
Por si no fuera suficiente el estado catastrófico del país en todos sus órdenes, el gobierno de Maduro, devenido en la dictadura del siglo XXI, amenaza y actúa a paso firme en la destrucción de las instituciones que se fueron consolidando a lo largo de la última mitad del siglo pasado.
Desventura institucional
El desconocimiento de la Asamblea Nacional como cuerpo representativo del país, junto a la concentración de tales atribuciones en los dirigentes del PSUV en el TSJ, evidencia un cambio del sistema político que consagra la Constitución. El poder no se ejerce en función de las leyes sino de la potencialidad de la pólvora almacenada en los cuarteles militares y al grito, militante y dictatorial, de ¡Chávez Vive!
La misión de la dirigencia democrática está en recuperar la institucionalidad, en establecer un gobierno con principios éticos y morales, y donde el poder del estado se ejerza de acuerdo a las leyes que legítimamente afloran del ente legislador o del ejercicio ciudadano tal como lo establece el cuerpo normativo del país y no, exclusivamente, como lo supone y lo instrumenta todo gobierno dictatorial, bajo la égida de la coerción.
Reconstituir el orden institucional no será tarea fácil para el liderazgo democrático. El daño causado por el gobierno es inmenso y aun no mensurable dado el oscurantismo del gobierno, empero, las incertidumbres que hoy se ciernen deben ser y serán vencidas de la misma manera que ocurrirá con la dictadura de Maduro.
Virtud y respeto
La ciudadanía tiene un rol que jugar. Quienes abrazan los ideales democráticos deben saber que la ruta al restablecimiento de un gobierno inspirado en las virtudes republicanas, de verdadera justicia, de plenos derechos libertad e igualdad ante la ley, confrontan un régimen que se sustenta en valores contrarios y que se sostiene bajo las premisas del terror y la dominación violenta.
Bajo estas premisas quienes propugnan la caída de la dictadura –los ciudadanos en general- deben expresar su confianza y apoyo que quienes ejercen la conducción política.
Los insultos y descalificaciones a la dirigencia democrática forman parte de los antivalores que nos va dejando la dictadura y deben ser superados. De nada sirve descalificar al liderazgo, retarlos a seguir un curso de acción cuando éstos, los que lanzan el guante, no serán sino observadores pasivos de sus insinuaciones.
“Cada uno de nosotros sólo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde.”
@LeoMoralesP