En Venezuela, la impunidad actúa como “un gran embudo” que impide que la relación sea “de un homicidio por cada homicida, sino una nefasta relación en la cual un homicida tiene muchísimas oportunidades de repetir su delito, porque no es atrapado ni a la primera ni a la segunda ni a la quinta ni a la décima vez”, estima la asociación civil Paz Activa.
Nota de prensa
“Hay de 4 a 5 mil casos que nunca se llevan a definir como homicidios porque simplemente no existen los recursos. En el caso del Cicpc, hay un déficit de 20 mil funcionarios necesarios para investigar todos estos casos, porque tenemos la misma fuerza policial científica de hace 20 años pero con 20 veces más homicidios”, reveló el sociólogo Luis Cedeño, director de la citada entidad, quien aseguró que solamente en Caracas el índice supera los 100 homicidios por cada cien mil habitantes.
“En ese ‘gran embudo’ entran muchos casos pero salen muy pocos a nivel de sanción: hablamos de una impunidad en homicidios de cerca de 95 %”, sentenció.
“Por eso es que hay una gran frustración en la sociedad a nivel de lo que deben dar las instituciones del Estado como servicio y por eso, inclusive, hoy en día vemos situaciones de linchamiento. Si hay un aumento de los linchamientos es porque el espectro de los delitos por los cuales se ejecuta se amplió, y, de repente, la comunidad lo decide como profilaxia social”.
Además, señaló que “hay una ‘cifra negra’ de homicidios por resistencia a la autoridad, los cuales han aumentado desde la implementación de las Operaciones de Liberación del Pueblo”.
Venezuela es uno de los países que tiene mayor índice de violencia criminal – 27 mil muertos durante 2015, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales -, y entre los parámetros más preocupantes se encuentra la tasa de homicidios, refirió.
Alta polarización política = alta violencia social
El declarante indicó que, según estadísticas que maneja la ONU, países en los cuales rige una alta polarización política sufren de altos indicadores de violencia social. “Ciertamente, el discurso político no es lo que define la violencia social y criminal, pero sí es un factor que contribuye a que pueda surgir e incrementarse”.
“Cuando nos preguntamos por qué el Estado no actúa en relación con la creciente tasa de homicidios, no falta quienes afirman que la criminalidad se presenta como una suerte de control social ejercida desde dicha instancia, donde los individuos no sienten la seguridad de salir a la calle porque está tomada por la delincuencia; igualmente, a través de la omisión de un rol fundamental que es tanto garantizar la seguridad ciudadana como manejar el monopolio de la violencia”.
“Sin embargo, a ningún gobierno le interesa instalar como política de Estado la violencia criminal porque significaría que estarían incurriendo en violación de los derechos humanos, un delito que no prescribe”, aclaró.
El diplomado precisó que el tema de la seguridad ciudadana es un asunto de “voluntad política, que este gobierno no ha demostrado” y agregó que medidas como las “zonas de paz” son una contradicción dado que en ellas el Estado cede el monopolio de la violencia que debe ejercer. Igualmente, acotó que con el desarme hay un erróneo tratamiento: “A los delincuentes que los desarmen los cuerpos policiales, pues un delincuente no va a rendir su arma por ningún beneficio que Ud. le pueda ofrecer”, dictaminó.
Por otra parte, subrayó que hay que dedicar muchos recursos a la seguridad ciudadana, toda vez que con el 1 % del presupuesto nacional no se resolverá un tópico que 80 % de los venezolanos alude como su principal problema. “Esto significa desde pagarle mejor a los policías, que tengan mejor equipamiento, hasta implementar una política criminal y de convivencia ciudadana que corte transversalmente todos los estamentos y las instituciones del Estado”.
“Por último, creo que hay que poner por delante las técnicas de prevención sobre las de reacción y represión, porque es mucho más efectivo evitar un crimen que esperar que ocurra para que después acuda la policía al lugar del hecho”, finalizó.