Gaby Arellano: Más de 30 carnicerías cerraron en Ayacucho por privatización ilegal del matadero

Gaby Arellano: Más de 30 carnicerías cerraron en Ayacucho por privatización ilegal del matadero

Foto prensa
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Más de 30 carnicerías han cerrado esta semana en la localidad de San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira, ante los maltratos que estarían siendo víctimas sus dueños después de que el alcalde Daniel Berbesí, privatizara de manera ilegal el matadero municipal que es el más grande de la zona de montaña baja.

Nota de prensa





La denuncia la realizó la diputada a la Asamblea Nacional por dicho circuito, Gaby Arellano, quien precisó que dicho matadero servía también a los municipios Michelena y Lobatera; pero que después de que el alcalde hiciera un negocio para su beneficio, otorgándole la administración a un empresario sin proceso de licitación y sin cumplir con los trámites administrativos necesarios, los precios para su uso por parte de los carniceros son exorbitantes.

“La exigencia de todos los carniceros de San Juan de Colón que tienen paralizada toda su venta, todo su servicio es que se revise todo este proceso ilegal, porque hicieron todo este procedimiento a espaldas de ellos y ahora les incrementaron los precios de venta, lo que ha llevado al cierre de algunas carnicerías por los altos costos impuestos”.

Destacó que ante esta situación el próximo sábado asistirá al mercado municipal de San Juan de Colón a una asamblea conjuntamente con la diputada Karim Vera, en donde conversará con los carniceros para recopilar la información necesaria y elevarla a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, con el fin de que sean investigados estos hechos irregulares.

Gaby Arellano emplazó al alcalde de Ayacucho, Daniel Berbesí a que muestre públicamente en esa asamblea todos los procesos de licitación y trámites que debieron haberse realizado, porque de lo contrario tiene que dejar sin efecto la medida.

La parlamentaria indicó que además de los trámites legales, para poder cumplir con ese proceso de privatización tiene que llegarse a un acuerdo tanto con los carniceros como con los usuarios, porque el derecho a la alimentación no puede verse afectado por un proceso de privatización, que aparte demostraría el doble discurso del gobierno nacional, regional y local, quienes estarían buscando negocios para su provecho y no darle las facilidades a la población para trabajar y adquirir lo que necesitan.

Arellano informó que todos estos días el dirigente Pablo Molina ha estado verificando con los vendedores de carne las agresiones que han recibido y que continuará haciéndolo esta semana, para llevar toda la información necesaria a la asamblea del próximo sábado.