Un grupo de estudiantes venezolanos ha decidido dar un paso más en su esfuerzo por denunciar lo que ellos consideran las injusticias de un gobierno que desde hace más de un año se niega a otorgarles las divisas que necesitan para poder cubrir los costos de una educación universitaria en el exterior.
La agrupación Estudiantes Venezolanos en el Exterior (EVE) emitirá este martes un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de legitimar sus denuncias frente al organismo internacional con la esperanza de que el gobierno venezolano finalmente tome cartas en el asunto; a su vez buscan generar algún tipo de protección migratoria para los universitarios varados en el extranjero.
“Unas de las personas más débiles son los estudiantes…hay más estudiantes presos [en Venezuela] que presos políticos”, dijo Carlos Moreno, coordinador mundial de EVE. “Tenemos miles que quedaron ilegales en diferentes países, queremos tratar de subsanar ese asunto, de que ellos puedan cambiar su estatus”.
Moreno explicó que gran parte de los 25,000 venezolanos que cursan estudios de posgrado fuera del país perdieron sus visas de estudiante a finales del 2014, tras una negativa masiva del gobierno a entregarles sus divisas.
Algunos han podido continuar sus estudios gracias a las bondad de sus instituciones educativas de aplazar los pagos de sus matrículas tras entender la situación por la que pasan.
Otros no han tenido esa suerte, y al no poder pagar sus clases semestrales sus permisos de residencia no fueron renovados. Sin embargo se rehúsan a repatriarse para no perder el tiempo y dinero ya invertido en una carrera, y además temen represalias por parte del chavismo si vuelven al país caribeño.
“Las deudas de las universidades son astronómicas, incluso yo debo casi $6,000”, dijo Moreno, estudiante de Ciencias Políticas en el Salt Lake Community College de Utah. “No puedes trabajar, no puedes hacer muchas cosas”.
De acuerdo a datos de EVE, unos 18,000 estudiantes dependen del visto bueno del gobierno para poder convertir sus propios bienes a dólares o euros a un cambio preferencial, y así costear el precio de su formación universitaria.
De ellos, alrededor de 10,000 cursan estudios en Estados Unidos — cerca de 4,000 se encuentran en Florida.
Desde finales del 2014, el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), órgano encargado de entregar las divisas, ha denegado la mayoría de las solicitudes de los estudiantes, argumentando una falta de disponibilidad de parte del Banco Central de Venezuela o diciendo que la carrera escogida no es una de las “áreas y subáreas de formación determinadas como prioritarias para la nación”.
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