Nicolás Maduro lo admitió hace algunos días. Para el PSUV y su desastroso gobierno, la cosa está color de hormiga: “esta va a ser la campaña electoral más dura que jamás hayamos enfrentado en 16 años de revolución”, dijo el ex chofer del Metro de Caracas durante el acto de presentación de los candidatos oficialistas a la Asamblea Nacional.
Los hechos que hemos estado observando en los últimos días, confirman que, ciertamente, el gobierno está desesperado, y que hará cualquier cosa, desde inhabilitar a los 167 candidatos postulados por la MUD, hasta destituir a las directivas de todos los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática, con tal de lograr su tan ansiado propósito: obtener la mayoría de las curules en la Asamblea Nacional.
Los números no cuadran: la calculadora que está encima del escritorio del despacho presidencial, en el Palacio de Miraflores, puede ser de la mejor marca y muy probablemente está pintada de rojo. Pero a la hora de multiplicar, sumar, restar y dividir, siempre sacará las mismas cuentas: el oficialismo va a perder las elecciones del 6 de diciembre.
Maduro puede contar como le de la gana: de adelante hacia atrás, o de atrás hacia adelante. Puede aplicar la técnica del Ministro del Interior, Gustavo González López, es decir, el método cuantitativo, cualitativo del modelo de expresión matemático aritmético, y la cuenta terminaría siendo exactamente la misma: el PSUV 21% y la MUD 42%.
La calculadora de Miraflores dice también, que las encuestas no se equivocan: Maduro tiene un pírrico apoyo del 20%, el petróleo está en 46 dólares por barril, la inflación en 150%, la escasez ronda el 60% y la paciencia de los venezolanos está a punto de estallar.
Los oficialistas están tan convencidos de que van a perder los comicios, que lo primero que han hecho es protagonizar una pelea a cuchillo para tratar de meterse en la Asamblea Nacional. ¿Por qué ese interés de Cilia Flores y muchos ministros del gabinete de Maduro en dejar el cambur que tenían en la administración pública para buscar desesperadamente una curul en el parlamento? La explicación es una sola: inmunidad. Los oficialistas tratan de protegerse ante lo que se les viene encima: una investigación profunda y, posteriormente, una acusación por todos y cada uno de los delitos que han cometido.
Ministros y ex funcionarios quieren llegar a la AN porque esperan que ésta les de inmunidad y los proteja, eventualmente, de tener que rendir cuentas de todos y cada uno de sus actos. Maduro sabe que muchos de los actuales diputados del PSUV en la AN no están muy contentos con su administración. Hay parlamentarios oficialistas que, tras bastidores, aseguran estar dispuestos a aprobar sendas investigaciones a varios ministros, e incluso, la reforma de algunas leyes para tratar de enderezar el rumbo de la economía. Por esa razón, Maduro ha metido en las listas de candidatos a personas que le son mucho más leales y que lo defenderán, eventualmente, del juicio político que se le viene encima, tan pronto las fuerzas democráticas logren obtener la mayoría en el poder legislativo.
Frente a ese panorama tan desolador, el gobierno apela a todos los recursos que tiene a la mano para intentar desbordar los ánimos dentro de la oposición. Uno de esos recursos es precisamente el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, cuyos magistrados han iniciado una cacería de brujas contra los partidos políticos que integran la MUD y contra todas las organizaciones que atenten contra los deseos del oficialismo.
El nerviosismo del TSJ quedó en evidencia el 7 de junio de 2015, cuando los magistrados prohibieron al ex presidente del gobierno Español, Felipe González, ejercer el derecho en territorio venezolano. González había anunciado en Madrid su disposición de visitar Venezuela para asistir legalmente a los presos políticos Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, pero nunca dijo que vendría a ejercer el derecho en el país. No existe un solo documento en el que González haya manifestado, ante alguna instancia pública, su deseo de ejercer la abogacía en Venezuela. Pero el TSJ se adelantó a un hecho que no había ocurrido y le dijo a González que en territorio venezolano no podría ejercer.
El 19 de julio de 2015, la Sala Electoral del TSJ destituyó a la Junta Directiva del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), partido afecto al oficialismo. La medida se adoptó, coincidencialmente, luego que ese partido anunciara que inscribiría candidaturas propias a la AN en virtud de no haber sido tomado en cuenta por el Gran Polo Patriótico para la selección de los abanderados a la Asamblea Nacional.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no sólo destituyo a los directivos del MEP, sino que nombró una directiva “provisional”, encabezada por Gilberto Giménez Prieto, coordinador del programa Mi Casa Bien Equipada, quien por supuesto, recibe órdenes directas de Nicolás Maduro.
La semana pasada, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió a la Mesa Directiva Nacional y a la Dirección Política Nacional (DPN) del partido Copei, por supuesto incumplimiento de los estatutos de esa organización política.
La decisión fue tomada por la instancia judicial ante una solicitud de amparo constitucional hecha por Pedro Urrieta, Ibis Alemán, Alexis Gutiérrez y Wilgen Fernández, presidentes de las Mesas Directivas Estadales de la organización en Delta Amacuro, Anzoátegui, Yaracuy y Aragua, quienes supuestamente habían sido removidos de sus cargos de forma irregular.
La decisión del TSJ fue tomada, evidentemente, para boicotear el proceso de postulación de candidatos de la MUD a la AN e intentar quebrar los acuerdos alcanzados con miras a los comicios del 6D.
El viernes en horas de la noche, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino a otro partido político perteneciente a la coalición opositora venezolana. Esta vez, la directiva de Movimiento de Integridad Nacional (MIN) la cual fue destituida, tras admitir la demanda del presidente del MIN en el estado Barinas, Alexis Ramón Medina, en las que acusa a la directiva destituida de desconocer los reglamentos y órganos del partido.
La sentencia del TSJ mostró las costuras por todos lados, por cuanto se le ordenó al Consejo Nacional Electoral “no aceptar ninguna postulación que no sea acordada” por la recién nombrada junta directiva y además facultó a la nueva directiva a presentar las postulaciones definitivas para los comicios de diciembre.
Como puede observarse, Maduro utiliza al CNE, al TSJ y a la Contraloría General de la República, para tratar de quebrar la unidad de las fuerzas democráticas opositoras y minimizar las posibilidades de triunfo de los candidatos de la democracia a las elecciones parlamentarias del venidero 6 de diciembre.
Los planes del gobierno están a la vista de todos: inhabilitaciones, sentencias de última hora contra los partidos políticos, cambio de las condiciones electorales y prohibición de la necesaria observación internacional, para tratar de impedir el inevitable triunfo opositor.
Nadie dijo que este camino iba a ser fácil. Estamos peleando contra una banda de fascinerosos que se resiste a entender que su vida útil terminó. Maduro quiere hacer con el CNE, el TSJ y la Contraloría, lo que su calculadora roja rojita no puede hacer: cambiar las matemáticas.
- 08 de agosto de 2015
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