La organización Human Rights Foundation (HRF) considera que el Gobierno cubano tuvo “responsabilidad directa” en las muertes de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero, de las que este miércoles se tres años.
Un informe jurídico de HRF, divulgado en Washington, establece que información revelada tras el suceso, y “que no fue considerada en absoluto por el tribunal que condenó a Ángel Carromero” en la Isla, “sugiere” la implicación “directa” del régimen.
Esa información incluye declaraciones de testigos, evidencia física e informes periciales, indica el texto, elaborado por Javier El-Hage y Roberto G. González.
Señala que “la evidencia excluida de manera deliberada apunta a que los hechos ocurridos el 22 de julio de 2012 no fueron un accidente, sino el resultado de un incidente automovilístico provocado deliberadamente por agentes del Estado”.
El incidente, dice el documento, tenía “la intención de asesinar a Oswaldo Payá y a los pasajeros que viajaban con él”, o de “causarles graves lesiones corporales”. Los autores del texto consideran que también pudo haber sido propiciado “con negligente y/o aviesa indiferencia —y un alto riesgo injustificado— por la vida del activista por la democracia más importante de Cuba en los últimos 25 años”.
El documento, de 87 páginas, incluye una lista de los derechos fundamentales que habrían sido violados en este caso, con argumentos detallados.
El Estado cubano, según HRF, violó el derecho de las familias de Payá y Cepero a participar de la investigación y juicio correspondientes, así como a conocer la verdad.
Sobre español Ángel Carromero, quien conducía el vehículo en el que viajaban los opositores y fue condenado por un tribunal cubano a cuatro años de cárcel bajo el cargo de “homicidio imprudente”, el informe dice que las autoridades de la Isla le negaron acceso a un defensor judicial, poder comunicarse libre y confidencialmente con su defensor, y la posibilidad de contar con una defensa jurídica independiente y eficaz.
Asimismo, se violaron en el caso de Carromero la prohibición de obtener confesiones o declaraciones involuntarias y los derechos a un juicio público y a una apelación eficaz, considera HRF.
La organización afirma en el texto que Payá y Cepero murieron el 22 de julio de 2012 “en circunstancias cuyo esclarecimiento ha sido activamente impedido por el Estado” cubano. Añade que las autoridades del régimen “a través de numerosas violaciones de las normas básicas del debido proceso que están orientadas hacia la búsqueda de la verdad sobre hechos en controversia, han impedido de manera deliberada este esclarecimiento”.
“Se puede afirmar categóricamente que en Cuba no existe separación e independencia entre los poderes del Estado”, por la subordinación del ámbito judicial a la dirigencia del Partido Comunista de Cuba, dice HRF.
“También se puede afirmar categóricamente que en Cuba las autoridades violan de manera sistemática los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, ningún ciudadano puede ejercer libremente sus derechos si tal ejercicio es considerado por las autoridades como contrario a ‘la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo'”. Este es “un estándar arbitrario que se resume como cualquier tipo de expresión que el gobierno interprete como crítica o contraria a sus fines”, añade la organización en las conclusiones del texto.
En resumen, HRF cree que en el caso de Payá y Cepero el régimen “es responsable internacionalmente por la violación de los artículos 5, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los artículos 18, 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, desarrollados e interpretados por un amplio número de instrumentos internacionales que, en conjunto, constituyen un sistema jurídicamente vinculante de promoción y protección de los derechos humanos”.
La hija de Oswaldo Payá, Rosa María Payá, en declaraciones a DIARIO DE CUBA, valoró positivamente la divulgación del informe y resaltó el trabajo de los autores al listar la vulneración de derechos fundamentales concretos en el caso de su padre.
Insistió en que se trata de un informe “independiente” realizado a iniciativa de la organización y que la familia se limitó a facilitar la información que le fue solicitada sobre el caso.
Rosa María Payá intentó este martes, sin éxito, entregar en la recién reabierta embajada de La Habana en Washington una carta dirigida el ministro cubano de Salud Pública.
En ella, la familia solicita la entrega del informe de la autopsia de Oswaldo Payá realizada en la Isla.
“Hace tres años que nos están negando este informe y en la carta le recordamos al ministro que es su responsabilidad hacérnosla llegar”, dijo la activista. Denunció que los empleados de la embajada le negaron “agresivamente” el acceso.
OSWALDO PAYÁ: INFORME JURÍDICO DE LA HUMAN RIGHTS FOUNDATION (pdf)