La página de sucesos y los relatos diarios de homicidios a plena luz del día, en cualquier sector y en las más diversas circunstancias, nos revelan algo que debe movernos a la más seria reflexión.
Matar se muestra, en no pocos casos, como un asunto de mera rutina criminal. No se mata ante una reacción de la víctima, ni ante la amenaza de un arma, ni para obtener un reconocimiento en el grupo o banda criminal. Se mata por encargo con absoluta sangre fría, como fórmula cada vez más frecuente para perfeccionar un negocio criminal, por capricho, por prepotencia, por afirmación del poder, por el placer de matar que revelaría un impulso de brutal propensión a la maldad o “brutal ferocidad”, como decía el Código Penal de 1926, sustituida la fórmula en 1964 por la modalidad calificada de homicidio por “motivos fútiles o innobles”.
Pero lo que pretendo destacar es algo más grave. No se mata por ningún motivo relevante o intrascendente, sino que se mata porque quitar la vida forma parte de una estructura mental que no valora la vida, bien supremo que puede resultar sacrificado con el accionar rutinario de un arma de fuego.
Y este comportamiento que coloca la vida al margen de intereses preponderantes se ve repotenciado por la absoluta impunidad del hecho más grave que puede ocurrir en una sociedad organizada.
La vida, en otras palabras, parece que no vale nada y no vale nada porque nada se paga por ella, en tanto que el crimen sí paga.
En países en guerra, la violencia y la muerte forman parte del quehacer ordinario. En Venezuela, sin guerra, nos ha ocurrido lo mismo. La muerte está a la vuelta de la esquina, en la escalera del barrio, en la acera de la urbanización o en plena vía pública.
El remedio, por supuesto no está en anunciar una vez más el incremento de las penas para los delitos más graves. Está sobradamente demostrado que la amenaza de mayor severidad de las penas, no surte ningún efecto disuasivo si en la realidad de las cosas ninguna pena en definitiva se cumple como ocurre entre nosotros ante la cruda constatación de la impunidad de más del 90% de los homicidios que se cometen.
Evidentemente, se impone, de una parte el reconocimiento y el respeto al valor de la vida humana, demostrados con hechos y no con simple retórica y, por supuesto, que a las violaciones al derecho a la vida siga un proceso justo, en la cual, demostrada la culpabilidad, efectivamente se cumpla la pena impuesta.
Sin duda, como lo expresan algunas serias encuestas, lo que está ocurriendo es la más patente revelación de la pérdida de valores que padecemos como uno de los más graves problemas sociales, a tal punto que el valor supremo de la vida ha perdido toda significación, pero, además, la impunidad instalada, favorecida y tolerada por el Estado, se ha convertido en el caldo de cultivo de la muerte, hoy acompañante del quehacer de todos los días, aunque ahora, inclusive, ha quedado relegada la inseguridad a un segundo plano ante las necesidades primarias de la persecución del sustento en el humillante peregrinar en busca de alimentos y medicinas.