Venezuela ha estado inmersa en una ola de protestas y conflictos sociales en la última década. Los estudios del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) revelan que en los 5 años recientes se han registrado al menos 27.832 protestas en todo el país. Y según el monitoreo de situación realizado por la organización ConflictoVE diariamente crece el número de personas que toman las calles para exigir reivindicaciones y garantía de sus derechos, principalmente derechos sociales. El aumento de la conflictividad es una de las consecuencias de la crisis económica que atraviesa el país.
Históricamente cerca del 40% de las protestas en Venezuela ha sido por motivos laborales, uno de los índices más altos de toda Latinoamérica.
Actualmente, 13.5 millones de personas conforman la fuerza laboral del país. A pesar de ser un grupo numeroso es el que mayores debilidades padece, y los conflictos en demanda de un salario justo, respeto a las contrataciones colectivas y a la libertad sindical son parte de la lucha cotidiana de los trabajadores, que han utilizado los cierres de calle, concentraciones, paros y huelgas como mecanismos democráticos y constitucionales para llamar la atención de las autoridades y patronos.
La última data oficial difundida por el Ministerio del Trabajo, correspondiente a 2013, contabilizó 116.287 reclamos laborales. El sector público es el que mayores demandas consolida.
En la siguiente investigación: Situación de la conflictividad laboral en Venezuela, se da una mirada sobre las condiciones de los conflictos y conflictos en ciernes que afectan a la clase trabajadora venezolana, identificando sus principales causas o motivaciones, desarrollo y posibles consecuencias.
En líneas generales se analiza el contexto socioeconómico y su influencia en la conflictividad laboral venezolana, y se hace énfasis en la situación de las industrias básicas, sector petrolero, eléctrico y ministerios. También se analizan las respuestas y acciones de entes oficiales, autoridades y sector patronal.
Adicionalmente, se presentan argumentos y declaraciones de autoridades gubernamentales, voceros oficiales, principales representantes de sindicatos y líderes gremiales.
Con esta publicación el OVCS busca fortalecer la comprensión de los conflictos laborales en Venezuela. Espera que autoridades gubernamentales, líderes gremiales y sociedad civil en general puedan emplear este estudio para seguir trabajando por la garantía de los derechos laborales de todas y todos.
Situación económica y conflictos laborales
Venezuela atraviesa hoy por una de sus mayores crisis económicas, caracterizada por una alta inflación y estancamiento del aparato productivo, aunado a una caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país.
Según las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), en 2014 la economía venezolana registró importantes caídas de producción entre enero y septiembre, es decir, entró en recesión. El panorama quedó plasmado con una caída de 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre, 4,9% en el segundo trimestre y 2,3% en el tercero.
Esta situación estuvo influenciada principalmente por el retroceso que experimentaron tres sectores clave de la economía: manufactura, construcción y comercio.
La actividad manufacturera retrocedió 10,3% entre enero y marzo de 2014, 12,9% en el segundo trimestre y 4,4% en el tercero. En tanto, la construcción cayó 12,4% en el primer trimestre, 8,1% en el segundo y en el tercero 10,1%. El sector comercial, por su parte, se contrajo 9,9% los primeros tres meses del año, en el segundo trimestre 13% y en el tercero 9,5%. (Banco Central de Venezuela. Resultados de la Economía durante el año 2014).
A la par de esta dinámica, la inflación escaló a 68,5% en 2014, muy por encima de la meta estimada por el Gobierno en el Presupuesto de la nación, entre 26 y 28%. Es actualmente la más alta de América Latina.
De acuerdo al Banco Central de Venezuela, las protestas que llevaron adelante algunos sectores de la oposición en febrero de 2014 fueron las causantes de esta situación.
“De nuevo, a la trágica muerte de compatriotas víctimas de la violencia absurda de unos pocos, se agregaron el bloqueo físico de vías y el deterioro o saqueo de infraestructuras públicas y comerciales. Estas acciones contra el orden nacional impidieron la cabal distribución de los bienes básicos a la población, así como el desarrollo normal de la producción de bienes y servicios. Esto se tradujo en un repunte inflacionario, y en una caída de la actividad económica”. (Banco Central de Venezuela. Resultados de la Economía durante el año 2014).
Al revisar la inflación por sectores, los alimentos fueron los que experimentaron el mayor aumento de precios el año pasado, al ubicarse en 102,2%; siendo las familias de más bajos recursos las más afectadas, pues la mayor parte de su presupuesto lo destina a la compra de comida.
La canasta alimentaria que calcula el Instituto Nacional de Estadística registró un aumento de 90,6% entre noviembre de 2013 e igual mes del año pasado. Comprar los productos básicos en noviembre de 2013 le costaba a una familia 3.347,28 bolívares y en noviembre de 2014 necesitaba 6.382,62 bolívares para adquirir los mismos bienes.
En el tema inflacionario no puede descuidarse la incidencia que tiene la falta de bienes de consumo masivo en el mercado. El último reporte del BCV sobre el índice de escasez fue en enero del año pasado y ya para ese entonces lo ubicaba en 28%. A la fecha esta situación no ha mejorado, prueba de ello son las colas de consumidores frente a establecimientos comerciales en búsqueda de productos básicos que ha marcado el inicio de 2015.
Al respecto el OVCS ha venido registrando un aumento importante de las protestas en rechazo a la escasez y desabastecimiento de productos desde el segundo semestre de 2014
Gráfico N° 3. Protestas por escasez y desabastecimiento Julio 2014-Enero 2015
La espiral inflacionaria ocurre también a la par de una merma de la producción de alimentos e importación de materias primas potenciada por las dificultades empresariales para acceder a las divisas.
¿Cómo enfrentan los trabajadores este escenario económico?
Los aprietos económicos que afectan al país se convierten en un desafío en materia laboral. Es una situación en cadena. Al existir una elevada inflación, menor es la capacidad de compra del salario del trabajador. Al caer los ingresos por la vía petrolera, son menores las posibilidades de asignación de divisas al sector productivo y, por ende, la generación de empleo de calidad se estanca y las aspiraciones salariales son menores a las deseadas por los trabajadores.
Para revisar esta situación desde el punto de vista laboral, es necesario analizar tres aspectos: poder adquisitivo, calidad del empleo y conflictos.
Debilidad del salario
Al cierre de 2014, el poder de compra del salario mínimo cayó entre 3 y 5%, pese a los tres ajustes efectuados a la remuneración básica equivalente a 64,5%.
Consciente de la situación, ocasionada por el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores, el Ejecutivo arrancó 2015 con un aumento del salario mínimo de 15% a partir de febrero, adicional al que prevé realizar en mayo.
En términos absolutos, esto significa un incremento de 733,37 bolívares y coloca la remuneración básica en 5.622,48 bolívares.
Se trata del séptimo aumento decretado por el presidente Nicolás Maduro durante sus casi dos años de gestión y el número 29 en un período de 15 años. Lejos de convertirse en un asunto de celebración, debe llamar a la reflexión, pues los sucesivos ajustes son una muestra de la debilidad del salario frente a la espiral inflacionaria.
Basta con revisar el valor de canasta alimentaria normativa del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en noviembre pasado, equivalente a 6.382,62 bolívares, y el salario mínimo vigente hoy (5.622,48 bolívares). El ajuste salarial decretado por el Ejecutivo para febrero está 760,14 bolívares por debajo de la cesta de bienes estimada por el organismo oficial. Solo permite cubrir 88% de la canasta alimentaria de hace tres meses, en contradicción con lo que dispone el artículo 91 de la Constitución.
“Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódicamente y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento”. (Art.91 CRBV)
Mientras tanto, la posibilidad de un aumento general de salarios sigue postergándose pese a ser una necesidad expresa por las organizaciones sindicales que han impulsado manifestaciones en demanda de este derecho.
Durante la presentación de la Memoria y Cuenta 2014 ante la Asamblea Nacional (AN), el presidente Nicolás Maduro descartó una revisión inmediata en ese sentido.
“Ha habido a veces exigencias de algunos partidos del Polo porque yo decrete aumentos generales de salario (…) pero hay que defender, en primer lugar, el derecho al trabajo, a la estabilidad; y en segundo lugar, ir ajustando los ingresos (…) cuando logremos recuperar los ritmos de crecimiento económico, cuando logremos controlar los mil demonios de la guerra económica, tengan la seguridad que la defensa del trabajo, la defensa de los ingresos permitirá en Venezuela tener una clase trabajadora con la mayor prosperidad de todo el continente latinoamericano” (Nicolás Maduro, cadena presidencial, enero 2015).
La consecuencia de esta situación es que la brecha entre los salarios de la nómina media y alta se reduce cada vez más con respecto al salario mínimo. Por un lado, porque se hacen únicamente aumentos vía salario mínimo y, por otro lado, porque las empresas no están en la capacidad de dar mayores aumentos que compensen la inflación.
De acuerdo a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), 40% de la fuerza laboral del país (13.597.734 personas) devenga salario mínimo. Esto equivale a casi cinco millones y medio de personas que perciben una remuneración que actualmente está por debajo de la canasta alimentaria calculada por el INE desde noviembre pasado. En tanto, otros estudios destacan que el salario promedio profesional equivale a 2,5 sueldos. A juzgar por el sueldo base de un Profesional III en el grado máximo de la administración pública que no llega ni a tres salarios mínimo 13.836,09 bolívares, pese a los años de estudios y de experiencia necesarios para ocupar ese cargo.
Calidad del empleo
La generación de empleos de calidad sigue siendo tarea pendiente en el país. Si bien el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reportado un crecimiento del empleo en el sector formal, que en diciembre pasado (última data disponible) se ubicó en 60,3% (8.193.897 personas) contra una informalidad que alcanzaba el 39,7% (5.403.837 personas), esto no significa que las condiciones laborales son ideales para todos los trabajadores. Por ejemplo, los empleos en el área manufacturera, reconocida por su capacidad de garantizar mejores condiciones laborales, han sido desplazados por el sector terciario de la economía (comercios y servicios comunales).
Esto significa que en algunos casos no existe una remuneración adecuada o excelentes beneficios socioeconómicos para los trabajadores, de allí que hay quienes recurren a otros tipos de actividades para obtener mayores ingresos. Inclusive, devengando buenos salarios, el panorama económico actual no permite a un trabajador tener un plan de ahorro o de inversiones.
El sector privado, considerado el mayor generador de empleos estables y de calidad, ha sido el más afectado en la creación de puestos de trabajo. En los últimos años, no ha podido crecer a la misma velocidad que el sector público.
Según el INE, el sector privado concentró 10.897.914 empleos en diciembre de 2014, mientras que la administración pública 2.709.143 plazas. A simple vista luce interesante, pero al revisar las estadísticas el repunte del empleo privado está caracterizado principalmente por los trabajadores por cuenta propia, que pasaron de 3.786.171 personas a 4.110.942 personas en un año. Esta situación se produce en un contexto en el que el número de patronos privados apenas creció 12%. Al tiempo que las cifras del BCV reflejan una caída de las inversiones de 27,5% en el primer trimestre de 2014, en el segundo 18% y en el tercero 9,3%; básicamente por el marco jurídico vigente y la política de controles de precio y de cambio, que poco estimulan la inyección de capital.
El resto del sector privado se distribuye en 5.359.614 empleados que dependen de un patrono, 134.662 más que hace un año; ayudantes familiares, miembros de cooperativas y sociedades de personas, que suman 959.102 personas, y 468.256 patronos.
Según el INE, en el país existen 21.968.159 personas con edad de trabajar, pero solo lo hacen 13.607.057 personas. El restante se distribuye entre desempleados e inactivos.
Los más jóvenes son los afectados en materia laboral. La tasa de desocupación de quienes tienen entre 15 y 24 años alcanzó en diciembre 11,2%, es decir, el doble del promedio general que se ubicó en 5,5%.
Conflictos laborales
Todo este entorno económico sobre el cual debe sobrevivir la clase obrera se presenta como un detonante de mayores conflictos. Los trabajadores, al ver disminuida su calidad de vida, tienden a movilizarse para exigir mejores condiciones y respeto a sus derechos. Pese a que el movimiento laboral carece de una central que aglutine el malestar, los sindicatos y federaciones no dejan de ejercer acciones de protesta en demanda de atención oficial.
Las cifras oficiales más recientes datan de 2013. Según la Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo, ese año se gestionaron 116.287 reclamos laborales, por distintas causas. De ellos, 39,4% correspondió a reclamos de prestaciones sociales (falta de pago, diferencia o no depósito de fideicomiso).
El resto quedó distribuido en 1.612 casos de horas extras (reclamos de pago o exceso de horas), 4.550 por retención indebida del salario (pago incompleto o descuentos ilegales), 14.019 por pago de utilidades o aguinaldos (ausencia de pago, pago incompleto o descuentos ilegales), 1.012 por bono nocturno (ausencia de pago o mal cálculo), 14.176 por no conceder vacaciones, 6.586 por reclamo de incumplimientos de contrato de trabajo, dándole término antes del tiempo establecido o por despidos sin el pago de la indemnización en caso de trabajadores no protegidos por inamovilidad laboral, 14.029 por no pagar el bono vacacional, 1.255 por falta de pago del preaviso, 13.160 denuncias diversas sobre otros incumplimientos a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y otras normativas legales, destaca el texto entregado ante la Asamblea Nacional. (Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo 2013, marzo 2014).
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