Tres semanas. Unos 20 días. Ése el plazo que se ha marcado el partido Primero Justicia para traer a España los documentos que acreditan la presunta financiación de Podemos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro a través de operaciones fraudulentas. Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República –la segunda en Venezuela después de que el partido de los Dirigentes del Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) presentara la suya ante la Embajada de España en Venezuela–, los venezolanos están conociendo a través de los medios de comunicación españoles los «negocios» que Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, cofundadores de Podemos, se llevaron de las arcas públicas por proyectos, algunos inconclusos.
Según el diputado y miembro de Primero Justicia, Julio Montoya, «el Gobierno nacional contrató en los últimos años con la Fundación de Estudios Políticos y Sociales del partido Podemos de España, la cantidad de 14 millones de euros, a través de organismos estatales como el Cantv, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Ministerio de la Secretaría y el Ministerio de la Alimentación». Y de eso se trata ahora. De demostrar si los trabajos por esos contratos llegaron a realizarse. Pero, según el parlamentario, la financiación de Venezuela que logró Podemos no fue sólo con su fundación CEPS –en cuyo consejo consultivo figuran Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre, y está presidida por Alberto Montero–, sino que también habrían intercedido como intermediarios, utilizando sus influencias con los funcionarios chavistas para lograr que empresas españolas lograran contratos de suministros médicos e informáticos.
Montoya asegura que tiene la documentación pertinente que acredita la relación entre el Gobierno venezolano y Podemos y que la entregará en los próximos días. Su idea es viajar a Madrid para contrastar la información y presentarla ante el Congreso. «Sí, viajaremos. Debe ser en el transcurso de 20 días. No pensamos hacer de esta propuesta una lucha electoral. Vamos a plantearlo como una lucha institucional, no nos interesa una relación partido con partido. No queremos meternos en la política interna española. Nuestra idea es reunirnos con diputados del PP, del PSOE e Izquierda Unida. Lo importante es que sea una comisión de diputados», afirma a LA RAZÓN.
Desde Primero Justicia se quiere poner en marcha «una colaboración mutua» entre el Parlamento venezolano y el español e incluso «abrir una comisión formal de investigación en España para comprobar si efectivamente violaron alguna normativa de financiamiento de los partidos políticos». «Estamos haciendo los contactos necesarios en las comisiones respectivas a fin de suministrar la información y solicitar una investigación para llegar a la verdad. Vamos a entregar copias de las contrataciones y documentos de la inteligencia venezolana que vinculan a empresas españolas con Podemos», añade. Pero también el objetivo es denunciar ante el Parlamento la situación de represión que vive Venezuela, donde varios dirigentes opositores han sido detenidos. Concretamente, el diputado Julio Borges, coordinador nacional del partido Primero Justicia, podría perder sus fueros en las próximas semanas y, de esta manera, ser encarcelado.
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