Las parroquias Idelfonso Vásquez, Venancio Pulgar, Antonio Borjas Romero, San Isidro y lo más profundo de Francisco Eugenio Bustamante y Luis Hurtado Higuera, en el municipio Maracaibo tienen cosas en común: forman parte del oeste de la ciudad, aún cuentan con zonas rurales, en su mayoría no tienen servicios públicos regulares y una comunidad asentada allí puede tardarse hasta 10 años para obtener el reconocimiento jurídico de la ciudad, a través de la nomenclatura. NP
El Barrio Santa Rosa II en la parroquia Antonio Borjas Romero es ejemplo de ello. Tiene siete años de fundado, le da vivienda a 72 familias y aun no cuenta con su nomenclatura. Es una zona pobre donde reina el desempleo e irónicamente, la esperanza.
Juan Pablo Guanipa, coordinador de Primero Justicia Zulia, aseguró durante la visita al sector, que es pertinente lograr que el oeste de Maracaibo se convierta en un municipio. “El oeste de la ciudad corresponde al 75 por ciento de todo el territorio y al 50 por ciento de la población de Maracaibo. Está demostrado a través de los años que para la municipalidad es muy difícil proveer de servicios públicos a estas cinco parroquias, por eso nosotros apoyamos la propuesta de que esta zona sea dividida políticamente y se convierta en una entidad municipal autónoma, lo que sin duda ayudaría a su desarrollo como urbe”.
Señaló que en el caso de Santa Rosa II la prioridad es la nomenclatura. “Si no tienen los numeritos no pueden pedir nada. Este proceso de registro de la comunidad es un paso que deben hacer los vecinos para luego organizarse y conseguir poco a poco los servicios. Empezar de cero, en un terreno sin servicios, es un suplicio para cualquier familia y un reto para los líderes comunitarios que siempre serán los que impulsen los cambios para su comunidad”.
Pegy López, ama de casa y habitante del sector, explicó que a través de una asesoría pudieron conocer el proceso para obtener la nomenclatura, pero a la hora cancelar los aranceles correspondientes “se trancó el serrucho”. “Sí hay quien nos ayude con éste trámite, pero ellos piden colaboración y además hay que pagar lo que vale la nomenclatura. Nosotros no tenemos para pagar. Por ejemplo mi marido trabaja de lunes a lunes y lo que gana es para medio comer. Nosotros le damos gracias a Dios de que él tiene ese trabajito, porque la mayoría de los varones de esta comunidad viven a fuerza de marañitas y así nada se puede hacer”.
El costo del papeleo es 0,5 Unidades Tributarias por vivienda. Serían cuatro mil 572 bolívares por las 72 casas, equivalente a 63,5 bolívares fuertes por familia. A juicio de Guanip se deben lograr los esfuerzos que lleven a realizar cualquier obra en el barrio. “Estas 72 familias están lo que llaman ‘pegadas’. Todos sus servicios son ilegales, lo que representa un peligro para ellos y sus hijos. Lamentablemente esta es la realidad de buena parte de la Maracaibo oeste”.