El Diputado a la Asamblea Nacional y secretario general de La Causa R, Américo De Grazia, aseguró que el paro cívico realizado el pasado martes 2 en la población de Guasipati, al sur del estado Bolívar, fue una acción “sin precedentes” por su contundencia en esta región,.
“Todos los negocios, empresas, comerciantes, abastos, supermercados, mercados municipales y bancos públicos y privados, se sumaron como un solo hombre a un paro en contra de la inseguridad y la criminalización que ha institucionalizado el Cartel del oro en buena parte del estado Bolívar”, señaló.
Dijo que en esta importante zona minera se produjeron 18 homicidios en 2013 y en lo que va de 2014 ya son 30 los homicidios que han ocurrido. “Todas estas muertes son a consecuencia de la política del terror del Cartel del oro que opera en manos de pranes dedicados a sembrar la violencia, sangre y muerte para apoderarse del usufructo y la riqueza obtenida por los mineros artesanales luego de largas faenas de trabajo”.
Recordó que la primera acción de paro cívico se realizó en Upata y luego en El Callao. “Ahora fue el turno de Guasipati. Todo esto se hace con el propósito de llamar la atención del gobierno central y en especial al gobierno regional, a quien responsabilizamos de forma directa por la violencia desbordada en poblaciones donde hasta no hace mucho, sus habitantes podían dormir con las puertas abiertas”.
Agregó, “Felicitamos a la digna población de Guasipati por cerrar filas más allá de las posiciones políticas que puedan tener, en función de los intereses que le son comunes a todos los guayaneses”.
Advirtió que el Gobernador Francisco Rangel Gómez “guardó silencio” en cuanto a la realización de estas tres protestas y se preguntó, “¿Quién le pone el cascabel al gato cuando todo el mundo sabe que es Rangel Gómez quien está detrás de toda esta operación del Cartel del oro?”.
Hizo un llamado al Gobierno nacional para que permita que en el estado Bolívar sean nombrados los jueces por concurso tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “y no de manera provisional como se encuentran en la actualidad. Lo que podría garantizar que se haga justicia y que estos criminales sean juzgados de acuerdo a sus delitos. Hay que descriminalizar la actividad minera y ponerle un freno a la impunidad, única manera de acabar con este baño de sangre que los guayaneses condenamos y rechazamos”. Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad