La Asamblea Nacional (AN) retomará el debate de la Ley de Comunicación del Poder Popular que fue “frenada” en diciembre de 2011, cuando se sometió a segunda discusión hasta el artículo 4.
Janet Yucra M
La Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación del Parlamento adelanta la redacción del instrumento que ha sufrido varios cambios, producto “de la consulta” con colectivos y organizaciones de base, con la asesoría de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
“Esta Ley tiene por objeto garantizar el pleno desarrollo de las capacidades comunicacionales del Pueblo para consolidar y fortalecer la construcción del Poder Popular y el Estado Comunal como derecho humano fundamental, así como promover la organización, funcionamiento y articulación de las iniciativas del Poder Popular para la comunicación participativa, protagónica y emancipadora. Asimismo, impulsar la plena soberanía popular cognitiva, política, cultural, tecnológica y social para la construcción del Socialismo Bolivariano”, establece el artículo 1 del nuevo proyecto.
Mientras que el artículo 3 habla del “Ámbito de aplicación” que será: “Están sujetos a las disposiciones de esta Ley, todos los actores y actoras de la Comunicación del Poder Popular, entre las que se encuentran: Las instancias del Poder Popular y Organizaciones Sectoriales. También están sujetos a las disposiciones de esta Ley los órganos y entes del Poder Público, así como, las organizaciones del sector privado, en sus relaciones con las organizaciones de la comunicación del Poder Popular”.
Adaptado al Plan de la Patria
En este proyecto se aclara que fue adecuado al Plan de la Patria 2013-2019, por lo que entre las finalidades (artículo 4) de la ley
destaca: “Garantizar la propiedad social del espectro radioeléctrico y la infraestructura de las telecomunicaciones”, además de “promover e implementar el Sistema Nacional Socialista de Comunicación del Poder Popular; reivindicar a las comunicadoras y los comunicadores populares como actores centrales en la construcción de la sociedad socialista dignificando su labor de servidor popular; reivindicar a los comunicadores populares como actores centrales en la construcción de la sociedad socialista dignificando su labor de servidor popular; fortalecer el uso de las Unidades de Comunicación del Poder Popular como instrumento de formación para la transición al socialismo; consolidar la regulación social de los medios de comunicación como
herramienta para el fortalecimiento del Poder Popular; e impulsar la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.
El artículo 7 crea el “Consejo Nacional de Participación y Planificación de la Comunicación del Poder Popular”, que es “una
organización nacional de dirección política colegiada de carácter federal para el Sistema Socialista de Comunicación Popular, con
personalidad jurídica propia”.
Igualmente, el artículo 15 crea las “Unidades de Comunicación del Poder Popular” que “son los colectivos que impulsan la comunicación del Poder Popular, sin fines de lucro, como herramienta para la construcción del Socialismo Bolivariano”.
Con la ley nace “el Fondo para el Desarrollo de la Comunicación del Poder Popular, adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la
República, el cual estará destinado al financiamiento de los proyectos para el desarrollo de la Comunicación del Poder Popular”.
Para financiar parte de esta actividad, habrá una “contribución especial” que darán “las personas jurídicas en cuyo objeto se
encuentre la actividad publicitaria, que están obligadas en función de su responsabilidad social, a liquidar el equivalente al uno por ciento de sus ingresos brutos contables anuales, cuando éstos sean iguales o superiores a las mil unidades tributarias (1.000 U.T.). Esta contribución especial no constituirá un desgravamen al Impuesto Sobre la Renta”, dice el artículo 22.