Los nombres de cinco de los siete efectivos policiales que habrían agredido a 11 de los 12 detenidos durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira –Ucat-, el día lunes 5 de mayo del presente año, dio a conocer el día de ayer el diputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez.
El Parlamentario indicó que cinco los funcionarios actuantes fueron: Wilmer Beltrán, supervisor Jefe, placa nº 1106; Omar Laguado, oficial agregado, placa 3286; David Moreno, oficial, placa 3952; Esmel Estupiñán, oficial, placa 4721 y Jeison Duarte, oficial, placa 4829. Acotó que faltarían dos por identificar, incluyendo una femenina que habría agredido a Angelly Pernía.
Destacó que los agredidos por esos funcionarios fueron cuatro mujeres: Giorgina Casique, Daniela Oncon, Angelly Pernía, Keyla Aponte y siete hombres: José Rincón, Jorge Escalante, Jesús Sandoval, Jonathan Duarte, César Durán, Antherson Torres y Gabriel Eduardo Villamizar.
“Hay abundantes pruebas documentales en el expediente que cursa en el Tribunal Décimo Penal de Control del estado Táchira y en la audiencia de presentación de los detenidos el día 6 de mayo en horas de la tarde, con la presencia de la abogada Yuna Yelitza Contreras, juez encargada y estuvieron presentes también las representantes de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público: Virginia León y Marleny Cárdenas. Allí los abogados defensores, tanto los privados como los representantes del Foro Penal, dejaron constancia y testimonio a través de las personas agraviadas, que de los 12 detenidos, 11 fueron golpeados por la fuerza pública”, expresó.
Precisó que en el Ambulatorio de Puente Real también hay constancia de que los jóvenes que fueron asistidos allí tenían traumatismos, así como también la médico cirujano que atendió a Angelly Pernía el día 6 de mayo en el Hospital Central de San Cristóbal, dejó constancia de los hematomas que tenía.
Acotó Márquez, que el día 7 de mayo, cuando internan a Pernía después de que el tribunal le dictara media privativa de libertad y ordenara trasladarla al Centro Penitenciario de Occidente –CPO-, la joven fue sometida a una interconsulta con diversos especialistas, siendo evaluada por un traumatólogo, un internista, un mastólogo, un médico forense, los ginecólogos y una médico psiquiatra, quienes dejaron por escrito los hematomas, escoriaciones e inflamaciones que tenía la joven estudiante, producto de las agresiones a las que fue sometida.
Márquez manifestó que conociéndose ya los nombres de los agresores, el Gobernador como Comandante en Jefe de la Policía del Táchira tiene que proceder de inmediato a ordenar el arresto de los funcionarios, colocarlos a órdenes de la Fiscalía del Ministerio Público y destituir al Director de Politáchira por encubrimiento, de lo contrario sería responsable por delitos de lesa humanidad y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“Ocultamiento de información”
Walter Márquez solicitará por escrito y públicamente que sean pasados al Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos los doctores: Manuel García Osorio, jefe de Ginecobstreticia del Hospital Central a quien llama “el rey del aborto” y al presidente encargado de la Corporación de Salud, Marcos Labrador, para que se le de apertura a una investigación y el tribunal que ventila los hechos de violencia contra la mujer y el propio Fiscal especializado en delitos de violencia de género, investiguen el ocultamiento de información.
“El artículo 19 de la Ley contra la Tortura señala: el funcionario público o funcionaria pública que colabore en cualquier forma o encubra a los agentes activos en los delitos previstos en los artículos 17 y 18 serán sancionados con pena equivalente a lo establecido en los artículos señalados, e inhabilitación para el ejercicio público de sus funciones”, agregó.
Destacó que en el caso de Marcos Labrador, ocultó información que reposa en los expedientes sobre la presencia de signos de tortura, lo cual es sancionado en el artículo 27 de la misma ley que indica: “El médico que incurre en falsedad al expedir el informe médico legal, psicológico, mental respectivo, u omita la mención de signos de tortura o maltrato, será sancionado con pena de 8 a 12 años de prisión y supresión de la licencia por un periodo equivalente a la pena”.
Manual de DDHH
El Parlamentario exhortó a la Zoraida Parra y a sus acompañantes, a bajar por internet el manual de derechos humanos de los parlamentarios de las Naciones Unidas, el cual forma parte del quehacer diario. “Porque mi compromiso con los derechos humanos está más allá de la diatriba política y Zoraida recurre a cosas casi infantiles, que estoy buscando dólares, pero todos los venezolanos estamos buscando dólares porquer no hay en el mercado”, afirmó.
Aclaró que tampoco es instrumento del expresidente colombiano Álvaro Uribe, aunque igual la exhortó a dar a conocer los papeles que respaldan las denuncias en su contra, pues de lo contrario la diputada Zoraida Parra seguiría siendo “una charlatana”, aunque le agradeció que lo haya postulado como “seguro Gobernador del Táchira, sin él estar aspirando”.
Finalmente el diputado Walter Márquez exhortó a la diputada Zoraida Parra y demás miembros de la fracción oficialista a revisar los expedientes del caso, a entrevistarse con los agredidos, con fiscales y abogados para que den una declaración real sobre lo que ocurrió en el caso de Angelly Pernía y demás detenidos del 5 de mayo en la Ucat, sin seguir encubriendo delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Nota de prensa